Señor Director:

La megarreforma indemnizará al titular cuando un tribunal anule su Resolución de Calificación Ambiental. El supuesto detrás es claro: si el permiso cae, el servicio y el funcionario se equivocaron, y el Estado paga la cuenta. Traducido al escritorio donde se firma: “usted falló”.

Y es que aprobar conlleva gestionar un riesgo. Ahora el incentivo del funcionario no será gestionarlo, sino asegurarse contra él. Le dimos un seguro al titular; el que firma no tiene ninguno, así que se lo fabrica solo: una adenda más, un informe más, un rechazo. Encarecimos el “sí” y el “no” sigue gratis.

Todo esto para un evento que, según el propio informe financiero, alcanza al 0,3% de los proyectos calificados. Lo que da certeza no es pagar la anulación, es hacerla improbable: calidad al inicio, aprobar con condiciones, fiscalizar en serio y amparar al funcionario que decide con diligencia.

Director Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile AIC