Señor Director:

En su columna “Misas gubernamentales”, publicada el domingo pasado en este diario, don Carlos Peña parte de una premisa que la Iglesia no solo acepta, sino que ella misma sostiene: el Estado no debe favorecer culto alguno, y la fe no necesita del brazo estatal para sostenerse. No es una concesión de circunstancia; el Concilio Vaticano II lo enseñó sin ambages: la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Esa independencia, sin embargo, no equivale a indiferencia: el Estado no profesa una fe, pero sí ampara la libertad religiosa de sus ciudadanos, derecho arraigado en la dignidad misma de la persona.

Permítaseme, entonces, una precisión. La Capellanía no convoca ni cursa invitaciones institucionales: su tarea es acompañar, en el ámbito que le es propio, a quienes libremente se acercan, sean funcionarios del Palacio o de los distintos ministerios.

Conviene recordar, además, algo que suele pasar inadvertido: en La Moneda conviven fraternalmente tres capellanías, la católica, la evangélica y la judía, expresión todas ellas de la historia social y de la tradición cultural y religiosa de nuestro país. No hay allí privilegio confesional alguno, sino un servicio a la libertad religiosa de cuantos trabajan en el servicio público, cualquiera sea su credo: nadie es convocado por su cargo ni echado de menos por su ausencia.

Una última observación, de otro orden. Se ha dicho muchas veces que la religión sería un opio que adormece o una neurosis que ata. La objeción es antigua, pero la experiencia de millones de chilenos no la confirma: para ellos la fe cristiana es una adhesión libre y razonada que, lejos de anestesiar la conciencia cívica, la ha despertado más de una vez.

Buena parte de lo mejor que este país ha hecho por sus pobres nació de hombres y mujeres que rezaban.

Capellán del Palacio de La Moneda