Señor Director:

El senador Arturo Squella argumenta (ayer) en contra de lo que sostuve en la columna del último domingo (“Misas gubernamentales”). Sostiene que invitar a la eucaristía por parte de una autoridad estatal no violaría los deberes de un Estado laico. Afirma que una cosa es la separación de competencias entre el Estado y la Iglesia (cuyo origen estaría en la Carta del 25), y otra distinta, la manifestación libre de todos los cultos. Así, la invitación a una misa de parte de un ministerio no infringiría la separación de competencias y solo ejercería, en cambio, el derecho a manifestar las propias creencias.

De esa forma la columna incurriría en una confusión conceptual.

Temo que lo que expone el senador A. Squella elude el problema planteado. La columna no afirma que la invitación a una eucaristía por parte de una autoridad infrinja el reparto de competencias. Tampoco que una persona por asumir un cargo público deba ocultar su fe. Lo que afirma es que una autoridad tiene en estas materias un deber de neutralidad: tratar con igual respeto y consideración a todas las creencias, sin emplear los recursos estatales para favorecer, o perjudicar, a ninguna de ellas.

La distinción entre laicismo, laicidad y neutralidad ayuda a comprender lo anterior.

El laicismo es la voluntad de prescindir de la idea de Dios (como ocurriría si el ateísmo fuera una política oficial). La laicidad, en cambio, relega al espacio privado y exilia del ámbito público a la manifestación religiosa (lo que ocurre en Francia y en algunas decisiones constitucionales en Alemania). La neutralidad, por su parte, exige tratar con igual respeto y consideración a todas las creencias, sin favorecer a ninguna como intrínsecamente mejor que cualesquier otra (es el principio en la jurisprudencia de los Estados Unidos).

Ahora bien, el deber del Estado en Chile no es ni el laicismo, ni la laicidad, sino la neutralidad: la obligación de parte de quienes ejercen cargos públicos (y en tanto funcionarios públicos, desde luego) de tratar con igualdad a todos los credos, sin preferir a ninguno por sobre otro. Eso no se relaciona ni con la asistencia voluntaria a la eucaristía, ni con la manifestación pública de las creencias, como pareció entender el senador Arturo Squella, sino con el trato igual que todas las creencias religiosas merecen de parte del Estado y sus autoridades. Una invitación de un ministerio a celebrar la misa infringe ese principio.

Este asunto —dicho sea de paso— debe interesar también a los creyentes, especialmente a los católicos. La eucaristía y su sentido pertenece al espacio fundamental de la fe, y no debe ser empleada como una parte de la llamada batalla cultural, como un signo identitario y menos como un instrumento de política pública.