Hace más de 50 años, Chile se había granjeado un mal nombre para la inversión extranjera. Expropiábamos industrias bajo el pretexto de la propiedad nacional de ciertos recursos y no pagábamos por ello. En 1974, decidimos abrir nuestras fronteras y dictamos una ley para asegurar a cualquier inversionista del exterior que sería tratado sin discriminación alguna, igual que si fuera un inversionista nacional. Junto con ello, vino una inédita baja de aranceles para promover el comercio internacional y Chile comenzó a insertarse como destino de inversiones, con gran éxito.

En pocas décadas, nos transformamos en una potencia latinoamericana. Las reglas eran claras: no discriminación; apertura; certeza jurídica y económica; acceso a los mercados (de capitales, monetarios y de bienes y servicios). Muy distinta de la realidad de la mayoría de nuestros vecinos y de los demás países emergentes, anclados en el proteccionismo y en la mediocridad de sus economías.

Con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Varios de esos países, competidores con el nuestro por los recursos provenientes de la inversión extranjera, comenzaron a hacer las cosas mejor. Estos se convirtieron en serios rivales. En paralelo, Chile derogó el DL 600, el instrumento legal que aseguraba estabilidad a la inversión extranjera, bajo el pretexto de nuestra madurez institucional (ya no era necesario asegurarle al mundo que seguiríamos siendo un país serio). Hoy día, nos cuesta más atraer la inversión. Si bien los montos nominales crecen, son insuficientes para sostener un alza en la atracción de inversiones. Desde hace más de 15 años estamos estancados en cifras promedio de alrededor de un 1% de toda la inversión extranjera directa a nivel mundial.

Sin embargo, existe una amenaza que puede empeorar la situación. Desde marzo de este año, silenciosamente se discute en nuestro país la introducción de una ley para regular la inversión extranjera directa (IED o FDI, en terminología anglosajona). Esta normativa, que busca hacer eco de lo que ocurre en economías desarrolladas (muchas de las cuales son exportadoras y no importadoras de capital extranjero, como el caso chileno), ha descubierto una nueva forma velada de proteccionismo, bajo el pretexto de resguardar riesgos geopolíticos. Se trata de realizar una revisión y autorización previa de la inversión extranjera. Existen diversas variantes, unas para temas de “soberanía”, otras relativas a “infraestructura crítica”, otras para restringir la entrada de capitales desde ciertos orígenes geográficos. Las excusas sobran y son formalmente atendibles.

Con muy buenas intenciones, se asigna a un ente estatal la labor de autorizar, prohibir, restringir o limitar cierto tipo de inversión que provenga del exterior. El problema es que los parámetros son difusos y dependen del criterio temporal de la burocracia de turno. No queda claro qué sería una infraestructura crítica: ¿los sistemas de tratamiento y distribución de aguas?; ¿los minerales, como antaño?; ¿lo que sirva para generar o almacenar energía?; ¿los sistemas de pagos en el comercio?; ¿la distribución de electricidad?; ¿el manejo de los hidrocarburos?; ¿la administración de los fondos previsionales?; ¿la inteligencia artificial? Todo puede ser y nada a la vez.

En una interesante columna en este mismo diario, Felipe Irarrázabal, quien se muestra como partidario de este tipo de legislación, plantea otras preguntas muy difíciles (si no imposibles) de sortear normativamente, que él llama “nudos esenciales”. Junto a los mencionados, nos parece que seguir en esta senda solo nos hará seguir perdiendo competitividad internacional.

Todavía hay tiempo para seguir promoviendo una política clara y transparente, que sujete a las inversiones extranjeras y nacionales a normas que deban cumplirse por todos por igual.