Distintas razones hacen de la aprobación de los principales contenidos del proyecto de Reconstrucción un hito. Desde luego, ha mostrado la capacidad del gobierno de José Antonio Kast para liderar iniciativas complejas. Al respecto, baste recordar, por contraste, lo que significó para la administración Boric el rechazo de su reforma tributaria. El actual oficialismo ha conseguido, en cambio, un triunfo significativo, más allá del artículo sobre compensación a municipios, aún pendiente.

En lo económico, esta futura ley ofrece una oportunidad para enmendar graves errores de política pública cometidos durante más de una década. Ante eso, la invariabilidad tributaria, la modificación de la desintegración y la reducción del impuesto corporativo son buenos ejemplos de un camino de solución. En su conjunto, debieran contribuir a activar una economía que se encuentra estancada en un crecimiento en torno al 2%.

Con todo, junto con valorar este avance, deben evitarse complacencias. Ha sido tanto el daño infligido por más de una década a nuestra institucionalidad económica, que estos cambios probablemente no serán suficientes para alcanzar la meta que se ha autoimpuesto el Gobierno, de elevar en el mediano plazo nuestro crecimiento a un 4%; el propio informe financiero del proyecto así lo sugería. De este modo, se ha dado un importante primer paso, pero debe ser seguido por más iniciativas. Desde el punto de vista fiscal, a su vez, será necesario monitorear su impacto sobre unas finanzas públicas que acumulan largos años de deterioro.

El Gobierno ha mostrado voluntad para hacerse cargo de esos desafíos, pero la tramitación de la ley miscelánea ha dejado también en evidencia otro fenómeno preocupante al que deberá seguirse enfrentando, cual es la degradación en la calidad del debate parlamentario, una de las razones estructurales de nuestro estancamiento. Se ha visto aquí a un Senado debilitado en su tradicional papel como instancia donde el rigor y el pragmatismo permitían corregir graves errores y poner freno a desatinos, y a una Cámara dispuesta a realizar modificaciones sin atención a sus efectos y forzando sus atribuciones al borde de la inconstitucionalidad.

Esos dos factores explican que hayan sido introducidos al proyecto, contra la voluntad del Ejecutivo, al menos cuatro artículos de deficiente diseño y peor fundamentación. Ellos incluyen el derecho al olvido financiero (agregado por el Senado) y el fin del anatocismo (proveniente de la Cámara), propuestas de impacto sistémico sobre el sistema financiero, además de la obligación de las empresas eléctricas y de servicios sanitarios a reconectar de forma gratuita en zonas de catástrofe (Cámara) y la eliminación de las excepciones de la ley de pago a 30 días (Senado). Se espera que al menos las dos primeras sean vetadas por el Gobierno. Caso aparte fue el tardío ingreso por el Ejecutivo de un complejo crédito tributario que entrega al empleador la decisión de que un trabajador y parte de su familia tengan acceso a beneficios de salud financiados por el Estado. Dicha estructura, contrariamente a lo que algunos han sostenido, es difícil de conciliar con las ideas de quienes defienden la libertad de los trabajadores para elegir, y fue aprobada sin mayor discusión parlamentaria.

Más allá de esos puntos, es importante que el Ejecutivo sepa aprovechar el impulso que la Ley de Reconstrucción representa. Desde luego, este logro legislativo debe fortalecer la decisión de promover más reformas ambiciosas en otros aspectos clave, como las distorsiones que hoy afectan al mundo del trabajo. Temas como la indemnización por años de servicio o incluso recientes cambios institucionales merecen una revisión profunda. Algo similar debe hacerse en materia de mercados de capitales.

Un segundo tema relevante es el destino que se dará a los ingresos extraordinarios que el Estado pueda recibir producto de los cambios que la ley introduce, transitoriamente, en materia de repatriación de capitales y de impuesto a las donaciones. Aunque son predecibles las presiones políticas que habrá, parece recomendable que cualquier recurso que se recaude por sobre lo proyectado se destine a nuestros hoy alicaídos fondos soberanos, cuyo objetivo es brindar estabilidad y blindar al país ante situaciones de crisis. Sería la mejor demostración de que al menos parte del mundo político ha entendido la magnitud del desafío que enfrenta Chile.