Se ha abierto el debate sobre la duración de las carreras universitarias. Es legítimo, pero —a nuestro juicio— no el más relevante. La pregunta de fondo es otra: ¿qué debe hacer la educación superior para estar a la altura de los desafíos que enfrentará el país en las próximas décadas?

El desafío que enfrenta el sistema ha cambiado radicalmente: la inteligencia artificial comprime en segundos tareas que antes tomaban años de especialización. El conocimiento técnico caduca en ciclos cada vez más cortos y los profesionales deberán cambiar de área varias veces en su vida. El mercado global sigue premiando los títulos, pero avanza el reconocimiento de capacidades demostrables. Ese desajuste no se resuelve acortando semestres, sino repensando qué se forma y cómo.

En este desafío de repensar el sistema, ¿qué rol cumplen las políticas de educación superior? En los últimos años dichas políticas han estado centradas en dos instrumentos: la gratuidad y la acreditación, cuya interacción moldea y restringe las decisiones institucionales. La gratuidad ha significado un deterioro financiero y una mayor dependencia de la autoridad para varias instituciones. Como esos recursos dependen, en parte, del desempeño en la acreditación, las instituciones priorizan cumplir requisitos antes que innovar para formar competencias durables para el futuro. La acreditación se vuelve más esencial, pero ella no favorece la innovación. Todo lo contrario, favorece modelos más bien rígidos. Los incentivos, otra vez, apuntan en la dirección equivocada.

Para formar el capital humano que Chile necesita —profesionales competitivos, que aprendan toda la vida y operen con soltura en la incertidumbre— hacen falta reformas más profundas que recortar semestres. Para delinear esas reformas se requiere entender que en Chile formación académica y habilitación profesional están unidas, a diferencia de los sistemas que admiramos. Las estructuras de EE.UU. y Europa son distintas. En esos sistemas, formación académica y habilitación profesional son etapas separadas. En Chile, ambas están fundidas en un solo proceso. Pero el tiempo total requerido allá y en Chile para ejercer certificadamente en varias disciplinas no es tan distinto.

A su vez, se requiere asumir que hay un déficit escolar de base: el sistema de educación superior hasta ahora ha sido un parche de la educación media. Las universidades han otorgado educación remedial que en EE.UU., por ejemplo, es ofrecida en un marco institucional diferente (los community colleges). Alguien tiene que cumplir esa función. Hoy son las universidades —entre otros— las que absorben esa deuda, nivelando en sus primeros años lo que la educación media no logró. Acortar los programas por decreto reduciría ese tiempo: el resultado sería un egresado más frágil, no más ágil.

¿Cuáles son los desafíos centrales en el contexto de lo que el sistema debe ofrecer y las restricciones actuales? Primero, se requiere confiar en que la solución a este dilema provendrá del accionar descentralizado de los actores en un marco de competencia y no de la regulación. Para ello es necesario dar a las instituciones mayor autonomía. Para hacerlo es necesario rediseñar la acreditación para conectarla con los desafíos futuros. A su vez, es necesario repensar la regulación (y quizás la arquitectura institucional) a la luz del rol de la educación remedial que hoy se presta.

El debate sobre la extensión de las carreras es una oportunidad para hacer una revisión al marco regulatorio de la educación terciaria. Lo que es claro es que si este debate terminase en un decreto que recorta años sin tocar estas dimensiones, habremos hecho el esfuerzo menor y dejado intacto el problema de fondo. Chile puede aspirar a algo mejor: una educación superior para el mundo que viene, no el que fue.