Señor Director:

La decisión de acotar el crédito tributario al empleo a la exportación de servicios del conocimiento merece un análisis más exigente del que ha recibido en el debate público.

Es positivo que se haya desechado el diseño original del crédito, con un costo fiscal anual de US$ 1.400 millones, sin evidencia comparada de impactos positivos en el empleo. Sin embargo, la nueva versión elige un sector sin una justificación técnica: el proyecto lo califica como “de potencial”, sin identificar qué falla de mercado justifica la intervención. La literatura económica es consistente en que los gobiernos tienen una mala trayectoria cuando eligen ganadores sin criterio robusto. El premio adicional para empresas en regiones contradice, además, la naturaleza misma del sector, cuya característica definitoria es que pueden prestarse desde cualquier lugar.

El impacto en el empleo será marginal: el sector emplea a 55.000 trabajadores, siendo intensivo en mano de obra altamente calificada y, por ende, de altos ingresos. La evidencia comparada indica que este tipo de subsidios de traduce en alzas salariales para trabajadores ya empleados, no en nuevas contrataciones.

La magnitud de la emergencia laboral exige mayor rigurosidad y foco. Concentrar US$ 120 millones anuales en un sector de baja incidencia es una respuesta arbitraria e inadecuada: con ese monto podrían financiarse, por ejemplo, 120.000 subsidios anuales equivalentes al 15% del salario mínimo, con llegada directa a trabajadores vulnerables.

El crecimiento económico que persigue el proyecto de reconstrucción (0,5 puntos porcentuales de mayor crecimiento promedio anual) es condición necesaria para recuperar el mercado laboral, pero no suficiente. Se requiere una reforma laboral que incentive la contratación formal, modernice nuestra legislación al contexto del siglo XXI, adapte las reglas del trabajo a sus nuevas formas, resguardando los derechos de los trabajadores, con especial atención a las mujeres y jóvenes. El llamado es a reconsiderar el uso de estos recursos y a impulsar reformas que el mercado laboral chileno lleva años esperando.

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