Todas las proyecciones respecto de los efectos del cambio climático en nuestro país advierten que fenómenos como los temporales de estos días, con cantidades históricas de agua caída en pocas horas, alternados con extensos períodos de sequía, se irán haciendo frecuentes. Como lo han experimentado dramáticamente miles de chilenos, estos episodios de lluvias tan intensas desafían las capacidades de un país y de su infraestructura, y pueden desembocar en dolorosas tragedias. Ejemplo extremo de ello fue la DANA de Valencia, en España, que costó la vida a 238 personas en 2024. Afortunadamente, los efectos del evento climático que hoy azota a Chile no son comparables, pero igualmente han significado importantes costos en términos materiales y humanos, los cuales no terminan de dimensionarse. Las autoridades se han desplegado en terreno para enfrentar la situación. Con todo, las proyecciones sobre la mayor recurrencia de este tipo de fenómenos hacia adelante demandan el desarrollo de políticas de resiliencia, que permitan atenuar su impacto.

Chile ya dispone de una experiencia exitosa en este sentido: desde hace décadas, se ha trabajado en aminorar los riesgos a los que nos enfrentamos como país sísmico, lo que se ha traducido en una importante capacidad de resistencia, incluso ante terremotos de gran magnitud. En otras áreas, como las políticas para enfrentar eventos meteorológicos intensos, estamos, sin embargo, más atrasados y por lo mismo ameritan dedicarles atención.

Un aporte para esta discusión es un informe publicado este año por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sobre inversiones requeridas para un futuro sostenible, el cual contiene una sección de obras priorizadas para aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos. Las inversiones propuestas son diversas y no requieren de las grandes sumas que otras iniciativas planteadas por la Cámara suelen involucrar. En este caso, el plan propuesto demandaría unos US$ 1.130 millones en diez años, divididos en cientos de proyectos. De estos, un primer grupo son las inversiones para proteger a las ciudades de los efectos de los eventos meteorológicos, como drenaje de aguas lluvias mediante colectores y mecanismos de infiltración.

Un segundo aspecto es la protección de los cauces de ríos y canales para limitar las inundaciones producidas por precipitaciones intensas y preservar la infraestructura de riego. Por último, se plantean una serie de proyectos de inversión para prevenir aluviones en quebradas.

La propuesta tiene aspectos a destacar. Por ejemplo, se plantea para Santiago un modelo de ciudad esponja, con jardines de infiltración, humedales urbanos y pavimentos permeables: la idea es hacer que la lluvia se infiltre y recargue las napas, al tiempo que se reduce el riesgo de colapso de los colectores de aguas lluvias. Algo similar se recomienda para Valparaíso, donde se agregan iniciativas de recuperación de bofedales y la plantación de flora nativa para retener la humedad en sus valles.

Estas medidas, que se ven interesantes, no aparecen en los planes para otras regiones, pese a que tal vez podrían ayudar también a recargar los acuíferos en zonas áridas. Esto, considerando precisamente que las intensas lluvias recientes tienen exactamente las características que los modelos de cambio climático predicen que serán más frecuentes, con uno o dos eventos que dejan caer la mayor parte de la lluvia que una zona puede recibir en un año, y largos períodos secos, en los que se extrae agua de los acuíferos y sus niveles descienden dramáticamente. Evidentemente, también aquí sería útil poder aprovechar esas lluvias intensas para ayudar a recargar las napas.

Como se ve, independientemente de la necesidad de abordar con eficacia las emergencias, la resiliencia respecto de eventos climáticos debiera pasar a ocupar, de modo permanente, un lugar relevante en la discusión de políticas públicas.