El debate de las políticas públicas en Chile parece haber entrado en una fase de permanente amnesia de principios, donde el efectismo inmediato y el cortoplacismo reemplazan cualquier atisbo de reflexión de fundamentos. El fenómeno ya no es exclusivo de un sector político, pero resulta especialmente alarmante cuando la izquierda —llamada por definición a resguardar la equidad, los derechos sociales universales y la solidaridad colectiva— termina firmando y aplaudiendo normativas que dinamitan sus propios pilares conceptuales. Es la política pública dictada no por la razón, sino por la urgencia emocional: la izquierda legislando en los tiempos del cólera, de las redes sociales.

El ejemplo más reciente se gestó en la comisión de Hacienda del Senado, durante la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Por iniciativa del senador de derecha Rodolfo Carter y del senador del Frente Amplio Diego Ibáñez, y con el voto unánime de figuras del Socialismo Democrático como las senadoras Paulina Vodanovic y Daniela Cicardini, se aprobó un artículo que crea un crédito tributario de hasta 150 UTM para que las empresas financien tratamientos de enfermedades catastróficas a sus trabajadores o cargas directas, imputándolo directamente contra el Impuesto de Primera Categoría. En términos sencillos: la empresa gasta, el Estado se lo devuelve a través de menos impuestos, y el ministro de Hacienda defiende la medida argumentando la necesidad de dar “una vía rápida” ante la ansiedad de las familias.

Suena compasivo, casi heroico. Pero basta rascar un milímetro la superficie para descubrir que la norma introduce una visión profundamente liberal e inequitativa de la salud, disfrazada de beneficio social, representando un retroceso en la postura que la centroizquierda ha impulsado sobre el derecho a la salud en nuestra historia reciente.

Durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, Chile diseñó e implementó el AUGE-GES, una política pública pionera cuyo corazón conceptual era la equidad: priorizar las patologías según los años de vida saludable perdidos y asegurar el derecho a la salud de manera universal y estandarizada, bajo estrictos protocolos de medicina basada en evidencia. Años más tarde, para abordar las enfermedades de alto costo que desangraban los presupuestos familiares, se creó la Ley Ricarte Soto, replicando el mismo principio científico y universal. La premisa histórica de la centroizquierda siempre fue clara: la salud es un derecho social que debe financiarse de manera equitativa mediante los impuestos de todos, garantizando que el acceso dependa de la necesidad sanitaria y no de la billetera o la condición laboral del paciente.

El artículo aprobado dinamita esa lógica. Si usted tiene la fortuna de trabajar en una gran corporación con la holgura de caja suficiente para adelantar estos fondos, usted se salva. Si usted trabaja en una pyme que lucha mes a mes por subsistir, o si forma parte del enorme porcentaje de trabajadores informales o desempleados en Chile, queda desamparado. ¿Acaso la visión de la izquierda no debiese ser fortalecer los instrumentos que ordenaban la atención de salud, en lugar de crear oasis de bienestar corporativo financiados con recursos que el Estado deja de percibir?

Las contradicciones conceptuales y operativas de esta medida no pasaron desapercibidas en el debate público. Un reciente editorial de “El Mercurio” —no precisamente El Siglo— desnudó con precisión estas falencias, señalando que “la entrega de una suerte de voucher de salud financiado con recursos públicos, pero intermediado por una empresa que debe decidir si entregarlo o no, parece profundamente equivocada”. La misma publicación lanza interrogantes punzantes que la izquierda en el Congreso simplemente decidió ignorar en pos del aplauso fácil: “¿Es razonable trasladar al empleador la decisión de financiar o no un tratamiento de salud? ¿No introduce esto una nueva fuente de tensión en las relaciones laborales? Al mismo tiempo, y desde la perspectiva del Estado, ¿cómo se coordinará en la práctica esto con los mecanismos hoy existentes de cobertura y protección financiera?”.

Lo que presenciamos en la comisión de Hacienda es la renuncia a la complejidad. Al validar que el empleador actúe como un intermediario y decisor de la vida y la salud de sus dependientes, la izquierda chilena ha terminado por consagrar el modelo más crudo del bienestar supeditado a la benevolencia del capital. Se impuso el efectismo. En lugar de sentarse a diseñar reformas estructurales que inyecten recursos de manera equitativa y eficiente al sistema público para resolver las listas de espera o ampliar la Ley Ricarte Soto, se optó por una vía rápida que segmenta aún más a los chilenos entre trabajadores de primera y segunda categoría.

Cuando la izquierda pierde la capacidad de contrastar las propuestas legislativas con sus matrices ideológicas de justicia y universalidad, la política se vacía de contenido. Las diferencias políticas que actualmente se muestran públicamente dentro del Partido Socialista, encabezadas por las senadoras integrantes de la comisión de Hacienda, ojalá tuviesen menos que ver con quién se muestra más contraria al Gobierno y más con la visión que se tiene de las políticas públicas que el país requiere.