Señor Director:

Las políticas públicas suelen nacer con un objetivo específico que les otorga legitimidad. El problema comienza cuando, con el paso del tiempo, ese propósito se desdibuja.

Las concesiones de obras públicas son un buen ejemplo. El sistema fue concebido para que inversionistas privados financiaran infraestructura que el Estado no podía construir con recursos propios. A cambio, se les otorgaba el derecho temporal de explotar la obra y recuperar su inversión mediante el cobro de peajes. La idea de fondo era simple: una vez amortizada la inversión, terminaba la concesión.

Hoy, sin embargo, muchas carreteras han sido reconcesionadas sucesivamente y los peajes continúan aumentando. Aunque jurídicamente cada reconcesión constituye un nuevo contrato, para el usuario la percepción es distinta: sigue pagando indefinidamente por transitar por una obra que ya fue financiada hace décadas.

Algo parecido ocurre con las contribuciones de bienes raíces. Lo que nació como un tributo con una finalidad determinada ha evolucionado, producto de sucesivos reavalúos, hasta convertirse para numerosas familias en una carga creciente y permanente. No es casualidad que hoy exista un amplio debate sobre su legitimidad.

La pregunta es inevitable: ¿Estamos transformando instrumentos creados para cumplir objetivos específicos en mecanismos permanentes de recaudación? Cuando ello ocurre no solo cambia la naturaleza del cobro; también comienza a erosionarse la confianza ciudadana.

Si no aprendemos de la discusión que hoy existe sobre las contribuciones, es probable que en algunos años enfrentemos exactamente el mismo cuestionamiento respecto de los peajes. La legitimidad de una política pública depende tanto de su legalidad como de la fidelidad con que conserve el propósito que justificó su creación. La facilidad de la recaudación no es excusa.

Exministro