A pesar de las dificultades, los peruanos están optimistas del próximo Ejecutivo y tienen altas expectativas de que la situación mejore. Según una encuesta reciente, de Datum/El Comercio, el 42 por ciento cree que el gobierno de la hija de Alberto Fujimori será mejor que el actual, de José María Balcázar, y el 52 por ciento piensa que la situación del país será mejor o mucho mejor en los próximos cinco años. Tras una década de alta inestabilidad política, es buena noticia el ánimo positivo de la ciudadanía, pero para Keiko constituye una responsabilidad enorme cumplir y no desilusionar. Los primeros meses de gobierno serán una dura prueba para la capacidad del fujimorismo de desarrollar una gestión que obtenga resultados concretos y así recuperar la confianza de la población en la democracia.

La mandataria electa tiene la suerte de recibir un país con buenos números, baja inflación y expansión sostenida. Perú ha sido una de las naciones latinoamericanas que más ha crecido en los últimos años, con una economía que ha sido resiliente a la inestabilidad política y los vaivenes internacionales. Muchos atribuyen parte de esa fortaleza macroeconómica a la acción del Banco Central de Reserva y a su presidente, Julio Velarde, al mando de la institución autónoma ya por 20 años. Fujimori lo confirmó para otro quinquenio, lo cual da confianza a empresarios e inversionistas de que el manejo responsable de la política monetaria se mantendrá.

Con todo, la misma encuesta muestra que actualmente tres de cada cuatro (73%) peruanos consideran que la prioridad del nuevo gobierno debe ser combatir la inseguridad ciudadana; reactivar el empleo y la economía solo es prioritario para el 26 por ciento de ellos. Así, a Keiko la van a evaluar, ante todo, por la capacidad de su equipo de controlar a las bandas criminales que han hecho de la extorsión uno de los delitos que más intimida a la población. Sicarios que asesinan a pleno día reemplazaron a los guerrilleros que en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, aterrorizaban a los pueblos de la sierra y que llegaron a cometer atentados en barrios residenciales limeños. La futura gobernante ha anunciado medidas para reforzar las policías, modernizar las comisarías e instalar 10 mil cámaras de vigilancia, además de legislar para permitir que los militares tengan el control de las fronteras y las cárceles. Se ha mostrado también interesada en participar en el Escudo de las Américas, la estrategia de EE.UU. para coordinar acciones contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. Pero todas esas son medidas cuyos efectos demorarán y se necesitan resultados rápidos. Mano dura es lo que aplicó su padre, pero Keiko debe evitar comparaciones en temas de violación de derechos humanos.

Para tener éxito, el próximo gobierno ha de estar conformado por personas idóneas, con experiencia y capacidad técnica, sin antecedentes que los cuestionen en temas éticos. Además, según analistas, sería importante incorporar a figuras de distintas tiendas políticas, en vista de la fragmentación del Congreso y la falta de una mayoría absoluta. Después de cuatro intentos, Keiko Fujimori debe mostrar, con una administración impecable, sin visos de abuso de poder ni escándalos de corrupción, que merecía ganar la Presidencia del Perú. Su primera prueba, en todo caso, será enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, que amenaza las zonas costeras del país.

Colombia, traspaso con tropiezos

El traspaso del gobierno de Gustavo Petro al Presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha estado plagado de tensiones. Petro, un exguerrillero, no acepta reconocer el triunfo del “Tigre”, un líder de derecha radical, y no irá al cambio de mando, alegando fraude sin aportar pruebas, incluso desdeñando informes de inteligencia que lo descartan. Se ampara en eso para, además, poner trabas al “empalme”, como llaman los colombianos a la transición entre dos Ejecutivos. De la Espriella tampoco hace las cosas fáciles. Quiere juramentar en una guarnición militar para “honrar” a las Fuerzas Armadas, ante lo cual, Petro les prohibió a los militares prestar instalaciones para el acto, alegando que él es “Presidente y comandante en jefe” hasta el último día.

Los gestos pueriles del mandatario saliente no serían más que una anécdota si no fuera porque, sumados a su llamado a una “desobediencia civil pacífica” desde el primer día de la administración de De la Espriella, arriesgan derivar en actos violentos cuyas consecuencias, como pasó en el estallido de 2019 (casi simultáneo con el chileno), habría que lamentar.

Detrás de esta actitud de Petro hay quienes ven un temor a que, una vez perdida la inmunidad presidencial, sea acusado de corrupción y narcotráfico, a raíz de investigaciones por el financiamiento de su campaña en 2022, iniciando un proceso judicial que podría terminar con una extradición a Estados Unidos. “En el marco de la ley, el señor Abelardo no puede apresarme porque no he cometido ningún delito”, ha dicho, señalando al próximo Presidente como futuro “dictador” y “enemigo de la Patria”, por su ciudadanía norteamericana y el apoyo que le da Donald Trump. Hoy lunes se instala el nuevo Congreso y cuando asuma, el 7 de agosto, De la Espriella tendrá que demostrar que los augurios de Petro son solo la falsa narrativa de un político resentido por su incapacidad de dejar un legado perdurable.