Nada parece unir más transversalmente a los diputados que la defensa de sus escaños. Así lo sugieren las reacciones ante la redistribución de estos anunciada por el Servel, en cumplimiento de la Ley de Votaciones y Escrutinios. Esta mandata al organismo actualizar cada 10 años la asignación de cupos en cada distrito del país, considerando los datos del último censo. La disposición busca asegurar niveles mínimos de equidad en la representación parlamentaria, de modo que exista una cierta correlación entre la población a representar y el número de diputados a elegir. La fórmula se aplica para la Cámara, como órgano de representación demográfica, a diferencia del Senado, de representación territorial.

Al mantenerse el número total de diputados, la redistribución del Servel significa que algunos distritos deberán elegir menos congresistas, mientras otros sumarán más. Ello amenaza las posiciones de actuales diputados; en particular, de los que fueron elegidos con las votaciones más bajas en lugares que ahora perderán un cupo. Un estudio de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo identificó así a una decena de congresistas de distintos partidos que, de haberse aplicado la redistribución, no habrían sido electos en noviembre pasado.

Las reacciones en la Cámara al anuncio del Servel han sido abiertamente defensivas: ya se han presentado al menos dos proyectos de ley, con apoyos transversales, para impedir el cambio. Uno, suspende la redistribución por 10 años; el otro, simplemente la elimina. Para justificarlos, se han dado argumentos como la descentralización (el cambio implica que la Región Metropolitana aumentará su número total de diputados), pero es difícil no ver acá una protección de los intereses de quienes son incumbentes. Más aún si se observa que, de los 10 diputados que en teoría perderían sus cupos, seis han firmado alguna de las mociones para impedir la redistribución. El conflicto de interés es evidente.

El episodio da lugar, además, a dos constataciones. La primera apunta al pasado, específicamente, a cuando el segundo gobierno de Michelle Bachelet impulsó el cambio del sistema electoral, en nombre de la proporcionalidad. Pues bien, la redistribución del Servel pone en evidencia que esa prometida proporcionalidad no en todos los casos fue tal. El ejemplo más evidente es el de Atacama, a la que entonces se le asignaron los mismos escaños (5) que a Antofagasta, pese a tener esta última el doble de población; la decisión se atribuyó en su momento a un fuerte lobby del PC, que creía tener en Atacama una de sus zonas fuertes. Una década después, el anuncio del Servicio Electoral viene a corregir esa anomalía.

La segunda constatación tiene que ver con el futuro: si una redistribución de escaños mandatada por la ley y con efectos limitados genera esta resistencia, el espacio para impulsar cambios ambiciosos al sistema electoral, desde la reducción del número de congresistas hasta la instauración de umbrales, parece más que estrecho.