Aun antes de que se disputara la final de ayer, el Mundial de Fútbol 2026 ya tenía un ganador: el mundo de las apuestas en línea, en sus dos vertientes, las plataformas de juego y los llamados mercados predictivos. Aunque las cifras pueden ser imprecisas y sesgadas por intereses de los involucrados, algunas estimaciones han situado en hasta US$ 50 mil millones los montos que se transaron en apuestas en el mundo en torno a la contienda deportiva. Pero, además de un inmenso negocio, la vinculación con el Mundial revistió de legitimidad mediática una actividad que desafía los ordenamientos legales de los países y cuyos efectos en la salud mental de una parte de la población —particularmente, niños y jóvenes— alarman a los especialistas. Suponer que esto pueda ser inocuo sería un sinsentido, y así lo debiera tener claro también nuestro país.

En efecto, en Chile, las casas de apuestas se han transformado, de facto, en un actor que moviliza millonarios recursos, entrega financiamiento a los principales clubes de fútbol y lleva a cabo agresivas campañas publicitarias, además de desarrollar un intenso lobby. Todo esto, pasando por alto resoluciones de la Corte Suprema que declaran su carácter ilegal. Y es que la incapacidad que ha mostrado el Estado para hacer valer las normativas vigentes ha sido inaudita. Más aún, el Servicio de Impuestos Internos, anteponiendo el afán recaudatorio al compromiso con la legalidad, les ha abierto a estas casas de juego la posibilidad de inscribirse como contribuyentes. En este panorama, resultan casi patéticas las noticias sobre operativos para clausurar pequeños casinos clandestinos en algunas ciudades, mientras en sus teléfonos millones de chilenos, incluidos menores, disponen de acceso ilimitado y constante a una cantidad de opciones de juego que superan con mucho lo que pudiera ofrecerles cualquier casino físico, legal o no.

Podría afirmarse que este es un típico caso en que el avance tecnológico ha dejado obsoletos los marcos regulatorios y no queda más que adecuar la legislación. Ello, sin embargo, amerita una salvedad: una nueva normativa no puede limitarse a dar estatus legal y consolidar el anómalo estado de cosas actual, carente de transparencia, cruzado por conflictos de interés y sin mínimos estándares de protección para las personas. Tal consideración es clave, de cara al debate del proyecto sobre apuestas en línea, en trámite en el Senado. Límites estrictos a la publicidad de las plataformas de juego, prohibición de auspiciar o participar en la propiedad de clubes deportivos u otras entidades que sean, a su vez, objetos de apuesta, exigencia de tecnologías que efectivamente permitan impedir el acceso de menores y adopción de prácticas de prevención de conductas ludópatas aparecen como cuestiones ineludibles, junto con dotar a las instancias de fiscalización de herramientas eficaces y severas. La promesa de acrecentar los ingresos del Estado no puede ser excusa para una legislación que dé carta blanca a esta actividad, sin hacerse cargo de la compleja problemática que involucra.