En los últimos meses se ha instalado en el debate público la idea de que Chile tiene demasiados profesionales, que la masificación de la educación superior produjo egresados sin competencias reales ni mercado laboral —los llamados “cesantes ilustrados”—, y que las universidades debieran reservarse para quienes obtienen los puntajes más altos en la PAES, orientando al resto hacia una formación técnica de corta duración. Es una discusión legítima y, por lo mismo, exige evidencia sólida sobre las afirmaciones que se formulan.
El Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) muestra que completar estudios terciarios en Chile hace una diferencia sustantiva: se asocia con una ganancia de 39 puntos en comprensión lectora y 41 en razonamiento matemático, respecto de quienes solo tienen educación media, por encima del promedio de la OCDE (34 y 35 puntos, respectivamente). De acuerdo con esta medición, las generaciones que accedieron a la educación superior durante el período de mayor expansión del sistema son las que obtienen los mejores resultados en los tres dominios evaluados. Si la masificación hubiera deteriorado la formación, cabría esperar exactamente lo contrario.
Education at a Glance 2025 establece que Chile exhibe los mayores retornos financieros privados a la educación universitaria de toda la OCDE, junto con la mayor razón costo-beneficio y la mayor tasa interna de retorno de la educación terciaria. El “premio salarial” de un título terciario respecto de la educación media supera en más del doble del promedio de la OCDE. Retornos de esta magnitud son difíciles de conciliar con la imagen de un mercado laboral saturado de titulados sin salida. Y todo ello ocurre gastando menos de un tercio por estudiante terciario que el promedio de la OCDE y con un financiamiento público de solo 47,7%, muy por debajo del 71,9% promedio.
Ahora bien, es esperable, y hasta deseable, que la expansión de la educación superior se asocie a menores “premios salariales” y menor desigualdad en el ingreso. Es el caso de países como Corea, Canadá y Reino Unido.
Por tanto, sostener que la expansión del acceso ha echado a perder la calidad de la educación universitaria supone una noción restringida de calidad, que confunde insumo —trayectoria escolar y condiciones socioculturales— con resultado. Como ha advertido Michael Sandel, cuando el mérito se identifica exclusivamente con indicadores condicionados por las oportunidades de origen, se corre el riesgo de convertir privilegios heredados en desigualdades aparentemente legítimas.
En el período en que ha operado la gratuidad, la probabilidad de acceder a la educación terciaria entre hijos de padres sin educación media aumentó siete puntos porcentuales entre 2012 y 2023, el doble del alza promedio de la OCDE. Aunque la educación superior técnica es fundamental para el desarrollo del país, su elección debe sostenerse en la vocación y no en el origen social.
Nada de esto significa desconocer los problemas del sistema ni de la necesidad de aumentar las competencias básicas de la población adulta. Chile sigue siendo el país con mayores desafíos en competencias entre quienes rindieron el PIAAC 2023. En el sistema de educación superior, existen desafíos importantes en titulación oportuna y en la duración efectiva de las carreras, que las instituciones asumimos con seriedad. Pero el país cuenta con un sistema de aseguramiento de calidad riguroso y con un financiamiento público vinculado a estándares que impulsan la mejora continua.
Antes que socavar la confianza en las universidades, lo sensato es profundizar el acceso al conocimiento y aspirar a una población adulta cada vez más ampliamente educada.