Antonio Büchi, en su columna del miércoles, da en el clavo al describir la miopía de nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sugiere que a las medidas propuestas en el proyecto de ley de reconstrucción, que avanzan en el sentido correcto, se les debe agregar una reingeniería más sustantiva al SEIA, pues el problema no está en los profesionales que los evalúan, sino en un mandato legal miope.

Büchi toca disfuncionalidades en tres dimensiones fundamentales del sistema vigente: la línea base y el área de influencia; los impactos sustantivos que es necesario mitigar o compensar; y la ponderación de los impactos positivos del proyecto. En las dos primeras, el marco regulatorio vigente deja abierta una discrecionalidad excesiva y no exige una resolución temprana. Así, los contenidos de la línea base o del catálogo de impactos significativos están siempre abiertos, sin que la institucionalidad los filtre ni jerarquice, lo que abre las rendijas para las reclamaciones administrativas o judiciales al final del proceso. En la tercera, la ponderación de los impactos positivos, incluso cuando estos son ambientales, no son parte del mandato legal.

En Pivotes hemos puesto en debate una propuesta que aborda estos defectos: transitar hacia una evaluación en dos etapas.

En la primera, el inversionista ingresaría, mucho antes que en el proceso actual, un Estudio de Impacto Integral que contenga información general del proyecto propuesto y de sus impactos (positivos y negativos) en una cierta área de influencia. Bajo la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), estos antecedentes serían analizados por una instancia integrada por el Ministerio de Medio Ambiente (para ponderar la dimensión ambiental), el Ministerio sectorial correspondiente —Minería, Energía o Economía— (la dimensión de desarrollo) y el Gobernador Regional (la dimensión local), y observados por las comunidades dentro del área de influencia a través de una instancia de participación ciudadana temprana.

En base a estos insumos —no vinculantes— y a su propia evaluación técnica, el SEA emitiría una resolución —los Términos de Referencia— donde o acepta lo propuesto por el titular, o le solicita complementos o cambios. Así quedarían resueltos tempranamente aspectos fundamentales como el alcance de la línea base, el área de influencia, las comunidades afectadas, y tanto los impactos significativos positivos a proyectar como los negativos a mitigar o compensar, junto con los servicios públicos con pertinencia para evaluarlos. Así se entregan al titular y a los grupos de interés las certezas tempranas de las que hoy carecen.

Dentro del marco de los Términos de Referencia, luego se procedería a una segunda etapa de evaluación eminentemente técnica, limitada a evaluar la suficiencia de las medidas de compensación o mitigación propuestas por el titular. Esta etapa concluiría con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Como la dimensión política ya fue integrada en la primera etapa, la RCA debe ser emitida por la institucionalidad técnica —el SEA— y reclamable directamente en tribunales ambientales, salvo aclaraciones administrativas ante el mismo servicio.

Esta propuesta permitiría concretar ese viejo anhelo de remover el Comité de Ministros de las etapas finales de proceso, para incorporar una instancia política donde corresponde, al inicio del mismo, para resolver cuestiones que tienen un cierto grado de subjetividad.

Es necesario incorporar a la discusión no solo la mirada de abogados y consultores que prestan servicios para navegar el engorroso proceso actual, sino que también de personas que como el autor de la columna referida, viven y conocen la esencia de ese dinamismo económico —compatible con el cuidado ambiental— generado por decisiones descentralizadas de empresas chicas, medianas y grandes, que requieren certezas tempranas desde los marcos regulatorios.

El proyecto de ley de reconstrucción puede ser el punto de inflexión que la economía requiere para cambiar el rumbo. Pero para proyectar una mayor inversión y crecimiento en el largo plazo, una reforma al SEIA que supere su miopía y discrecionalidad es la madre de todas las batallas.