Pocos hechos recientes han sido tan disputados como el estallido (¿social?, ¿delictual?, ¿subversivo?) que sacudió al país el último trimestre de 2019. La Cámara de Diputadas y Diputados —cómo no— creó una Comisión Especial Investigadora para dirimirlo. Pero antes que sus causas —una disputa legítima, que nos acompañará tanto tiempo como las del Golpe de 1973—, lo que marca el debate es algo más singular: su propiedad.

Para una parte de la izquierda, el 18-O fue una epifanía; la prueba de que treinta años de democracia habían sido un simulacro; el despertar de un pueblo hasta entonces anestesiado. Así, un magma en que se fundieron frustración, cansancio, desencanto, rabia, deseos de expresión y violencia anómica, fue encapsulado en una sentencia unívoca. Quien la matizaba pasaba a ser un defensor del modelo.

Sobre esa apropiación se ha escrito mucho, y con razón. Menos atención se ha prestado a la apropiación inversa: la de comentaristas y políticos de derecha y de la antigua Concertación que han buscado hacer del 18-O su propia tragedia fundacional; una tragedia que archivó el quiebre de 1973 y que vino a recordar que la democracia debe ser defendida, como lo sostenía la vieja doctrina de la democracia protegida. Fue ella la que llevó a viejos concertacionistas a romper con sus camaradas y aliados y cruzar el Rubicón para abrazar a quienes fueron sus adversarios desde los tiempos de la dictadura. “Unidad contra el octubrismo”, fue la nueva consigna.

Nada más útil para apropiarse de una tragedia que declararse su víctima. De ahí que algunos hayan hecho del testimonio de cómo les afectó el 18-O una suerte de profesión. Ellos no perdieron los ojos, como Gustavo Gatica o Fabiola Campillai. No tuvieron que contener a la “primera línea” para después responder ante los tribunales, como muchos modestos carabineros. No sufrieron la destrucción de sus estaciones de metro, plazas y supermercados, que tomó años reponer. No perdieron sus pequeños negocios en manos de saqueadores. No: esas víctimas de salón, cuando mucho, sufrieron los efectos de las lacrimógenas, vieron alejarse a sus clientes, experimentaron el frío de la hostilidad, del miedo y del desconcierto. Eso nos pasó a todos, y quizás en especial a los que seguíamos los hechos por televisión. El país que conocíamos desapareció de un día a otro, como bajo una invasión alienígena. Pero entre esta pérdida —que fue traumática y que no busco desdeñar— y las pérdidas físicas y materiales de quienes de verdad fueron golpeados por el estallido y sus secuelas, hay una distancia infranqueable que sería indecente olvidar. Por eso, cuando escucho a alguien quejarse del miedo y desamparo que sintió entonces —la sensación de perder el país que creía suyo y sentía amigable a pesar de sus grietas y vacíos—, siento empatía; pero esa empatía se trueca en indignación cuando quien se queja se inviste de víctima.

La operación de apropiación de una tragedia no se completa sin una epopeya. Fue el sentido que se quiso dar al triunfo del Rechazo del 4 de septiembre de 2022: si el estallido era un nuevo once, el Rechazo era un nuevo 5 de octubre de 1988, cuando ganó el No. Pero los hechos se han encargado de desmentirlo. Los movimientos que entonces se desgajaron del tronco concertacionista no prosperaron; y la unidad creada en torno al 4-S se deshizo como pompa de jabón, como bien lo sabe el actual gobierno.

Epifanía para unos, tragedia fundacional para otros: el 18-O sigue secuestrado por quienes lo necesitan como mito. Pero las tragedias fundacionales no nacen del voluntarismo. La historia es porfiada: se hace de largas maduraciones, no de estallidos. Nuestra tragedia contemporánea, guste o no, sigue fechada en 1973 y en lo que vino después.