Hace doce años, en 2014, Chile acudió por última vez a la cita del fútbol mundial en Brasil. Desde entonces se han jugado dos campeonatos mundiales de ese deporte —el tercero se desarrolla en estos días— en los que nuestro país ha estado lastimosamente ausente. Ese año la selección de Chile se situaba entre las diez mejores del planeta —alcanzó a posicionarse en el cuarto lugar en el ranking de la FIFA. En la actualidad su clasificación se encuentra muy lejos de ese extraordinario ciclo: está fuera de las cincuenta mejores del mundo y deberá esperar para volver a competir por una plaza en el campeonato mundial del deporte más popular en nuestro país.

Curiosamente, en el campo económico se da una notable similitud. Desde 2014 han transcurrido tres gobiernos consecutivos durante los cuales el crecimiento económico ha languidecido, aumentando exiguamente y por debajo del promedio mundial. Nos hemos ausentado de la carrera hacia el desarrollo pleno, en la que otros países nos han tomado ventaja. El estancamiento económico se prolonga ya por un tercio del período que va desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta el presente, convirtiéndose en un lapso relevante —y el más reciente— de la trayectoria vital de la mayoría de los chilenos.

En el caso de los más jóvenes son más los años de su adultez vividos en la estrechez de una economía estancada que los vividos en una economía vibrante impulsada por el crecimiento sostenido, como la que distinguió a los añorados “30 años” (que en rigor fueron 25).

Para seguir manteniendo los beneficios sociales surgidos de la bonanza el país ha usado, hasta agotarlos, los recursos generados en ese período, parte de los cuales los gobiernos respectivos ahorraron con loable disciplina. Peor todavía, de un tiempo a esta parte el fisco, crónicamente deficitario, recurre al ahorro externo para financiar su creciente presupuesto, que ya no puede cubrir con los ingresos fiscales.

El estancamiento sostenido por más de una década no es casual, nada puede serlo durante tanto tiempo. Es el resultado de una visión del país en la que el crecimiento económico fue removido del espacio central que ocupó durante los años cuando la economía crecía sostenidamente por encima del promedio mundial. Se implementaron políticas públicas que lo frenaron a ojos vista en la creencia de que el costo social de hacerlo —el incremento del desempleo y de la pobreza— no alcanzaría una magnitud relevante o que incluso sería insignificante.

Solo cuando esos predecibles efectos se han hecho carne entre nosotros, y ya no hay recursos a los que echar mano para mitigarlos, ha emergido un renovado consenso político en torno a la indispensable centralidad del crecimiento económico para reducir el desempleo y la pobreza. Pero una cosa es declararlo —ya no es políticamente conveniente negar esa centralidad— y otra es crear los estímulos e incentivos necesarios para impulsar la inversión y destrabar cientos de proyectos paralizados por la maraña de regulaciones que los relega a una interminable lista de espera.

No resulta fácil comprender cómo es que un país como el nuestro, que se dirigía raudo hacia el desarrollo pleno, perdió de pronto el rumbo. La totalidad de las naciones que consideramos desarrolladas alcanzó ese nivel de progreso por la vía del crecimiento sostenido de sus economías. Ninguna lo hizo de otra forma. En nuestro caso, la extraordinaria disminución de la pobreza y la formación de una vibrante clase media se alcanzaron a causa de un vigoroso crecimiento sostenido por décadas. No fue un milagro: fue la convicción de que el “crecimiento con equidad” —y las políticas públicas que son funcionales a ese objetivo— es la única fórmula conocida para progresar y para alcanzar mayores niveles de bienestar.

Es la hora de renovar esa convicción sin reservas, traduciéndola en acciones para salir del estancamiento y transitar hacia un nuevo ciclo de crecimiento sostenido.