El que ha ofrecido al país el socialismo esta semana no es solo un espectáculo para mirar desde un cómodo palco. Implica a toda la oposición y demuestra algo peor que la irrelevancia, a la que todo sector político ha estado alguna vez sometido: la voluntad de no salir de ella, entregándose a la posibilidad de que todo salga mal en un mandato presidencial que recién empieza.

Ninguno de los capítulos protagonizados por sus dirigentes estos días cambia el curso de la ley de Reconstrucción, con altas posibilidades de aprobarse. Tampoco le ha permitido mostrar una agenda política y técnicamente contundente, que reconozca al crecimiento y el empleo como fuentes de prosperidad.

¿Qué nudos bloquean el espacio del socialismo de salir de esa irrelevancia? Primero, la presión por la unidad a toda costa, impuesta desde la izquierda radical. Sus partidos necesitan sustentar el bloqueo al Gobierno en una épica “progresista”, bajo la cual están sus posiciones ideológicas históricas. Da igual el intercambio de ideas para recomponer lo que dañaron; no hay una auténtica batalla cultural o debates económicos. Lo único que importa es no romper la unidad.

Una senadora del PC celebraba tras la aprobación en general de esa reforma que toda la oposición rechazara, priorizando ese hecho sobre la derrota que supuso que la iniciativa del Gobierno pasara una barrera. Siguiendo el mismo razonamiento, una senadora del PS aplaudía el viernes que la semana había partido mal, con un intento de negociación, pero había terminado bien: con portazo a un acuerdo, insultos entre correligionarios y una pelea indecorosa entre ella y la presidenta de su partido en la Sala del Senado. Con escándalo, irrelevantes, pero unidos.

Segundo, ocupar el Tribunal Constitucional (TC) a todo evento. El mérito no está en la inconstitucionalidad de una norma —dudosa respecto de la invariabilidad, según especialistas—, sino en el ejercicio de la facultad. Lo señalan con transparencia: es la vía para detener lo que perdieron en las urnas. Un sector puede (y debe) recurrir al TC si tras un análisis riguroso concluye que un artículo o toda una ley atropella la Constitución, pero aquí parece fundarse solo en una consigna: la del “candado a la democracia”.

Tercero, reafirmar que el de José Antonio Kast es un gobierno de “ultraderecha”. Insisten en comparaciones absurdas, emulando a las izquierdas europeas, algunas de las cuales sí que enfrentan a sectores radicales. La calificación en Chile desprecia la capacidad de discernir de millones de electores e, incluso, si no se tiene afinidad política con el Gobierno, suena ingenua: un gabinete con más colores del que se tenga recuerdo, instituciones operando, el Gobierno acatando fallos, libertad de expresión y separación de poderes intacta.

Con todo, ni la aparente unidad, el repentino constitucionalismo de izquierda, ni los likes a la etiqueta de ultraderecha impidieron que el Gobierno y el tesón de la presidenta del Senado rompieran esta semana al PS y al PPD. Es el riesgo de cancelar la oportunidad de diferenciarse de sus socios, influyendo en el contenido de una reforma con una iniciativa común, dejando espacio para que parlamentarios negocien libremente.

La oposición carece de fuerza parlamentaria para bloquear al Gobierno y arrastra dos derrotas poderosas: la constitucional de 2022 y la presidencial por amplio margen.

El socialismo tiene —o tenía hasta esta semana— un breve espacio para evitar años de irrelevancia y sacudirse esas derrotas, a las que concurrió en aras de una forzada unidad: renunciar a mimetizarse con el obstruccionismo radical que representan el PC y el Frente Amplio; demostrar que cree en el crecimiento y la estabilidad, influyendo en esta y las reformas que vengan con propuestas razonables. Y recuperar la vocación de mayoría que extravió en el camino.