Nadie debiera declararse demasiado sorprendido de que en el Partido Socialista y en gran parte de la oposición se haya impuesto la línea más dura, esa que en palabras de la senadora Daniella Cicardini (PS) sería “firme y sin ambigüedades frente a un gobierno de ultraderecha”. Incluso tras la fuerte presión que sufrieron los senadores del PPD que llegaron a un acuerdo con el Gobierno en materia de invariabilidad tributaria —desde la izquierda, también la DC, les profirieron públicamente epítetos de grueso calibre calificándolos de “traidores” y “vendidos”—, no es claro que finalmente cumplan el compromiso adquirido. Y es que un traspié del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al presentar una indicación que no estaba en el acuerdo, para después rápidamente retirarla, les ha servido de excusa para volver a alinearse con toda la oposición y desconocer lo que antes habían pactado. Habrá que esperar si al momento de votar, los senadores PPD mantienen la voluntad manifestada cuando llegaron a un acuerdo o ceden a esa presión.

Así, terminada esta semana es evidente que luego del altercado y acusaciones entre Cicardini y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, es la postura de la primera la que nuevamente se ha impuesto. Es más, en sus diversas entrevistas, Cicardini no muestra siquiera arrepentimiento por el conflicto interno generado por sus descalificaciones, pues estima que “al final del día el hecho de haber logrado que la oposición se cuadrara en una línea clara con respecto a cómo abordar esta megarreforma y cómo cuidar una acción que era la única vía institucional que nos quedaba en este caso (recurrir al TC) para poder observar la invariabilidad tributaria, creo era quizás lo necesario para poder lograr ese objetivo”.

Y es que más allá del contenido del proyecto de ley sobre Reconstrucción, lo que está detrás de la posición que se ha impuesto es una estrategia política seguida por el PC y el FA, a la que se ha sumado el Socialismo Democrático y la DC, de privilegiar la unidad entre ellos y paralelamente calificar al gobierno de Kast como de “ultraderecha”, ante el cual solo cabría oponerse, resistir y obstruir.

En la práctica, lo que subyace es una visión profundamente antidemocrática, que le negaría legitimidad para gobernar a su adversario. De ahí que conversar y llegar a acuerdos con el Gobierno es algo inconcebible, les destruye ese relato maniqueo de estar frente a una administración que tiene “un discurso muy parecido incluso al que hubo en dictadura”, como dijo la presidenta del FA, Constanza Martínez. O como sostuvo esta semana la exministra comunista Camila Vallejo, “el problema central es (...) que hoy nos gobierna la ultraderecha”, que tiene “una agenda sumamente ideológica, dogmática, poco dialogante” (frase que, naturalmente, calzaría mejor referida a su propio partido), que lo que buscaría “es castigar a las familias trabajadoras”, “beneficiar a las grandes empresas” y de paso también “a algunos ministros de mayor edad que no van a tener que pagar impuestos”. Y es que en lo medular, la campaña de la izquierda apunta a deshumanizar a José Antonio Kast, presentándolo como una figura tiránica, de posiciones extremas, que oculta sus verdaderas intenciones oscuras, sin idoneidad moral para encabezar un proyecto democrático.

Deshumanizar al adversario

De otro lado, no se sustenta lo afirmado el viernes por la senadora Cicardini para justificar su conducta obstructiva, en cuanto a que lo grave en este caso es que estaríamos ante “un gobierno de ultraderecha muy distinto al de Sebastián Piñera”. Es inevitable recordar la actitud de la izquierda durante el gobierno del exmandatario al cual denostaron, buscaron por distintos medios destituirlo y privilegiaron la llamada “vía de los hechos”. Por ejemplo, lo acusaron constitucionalmente dos veces, una de ellas nada menos que por “consentir en que las Fuerzas Armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”. Ningún otro presidente en democracia ha sido objeto de una imputación tan grave. De ahí que invocar ahora el nombre de Piñera para descalificar las convicciones democráticas de Kast es una forma del peor oportunismo.

La verdad es que habrían tratado de “ultraderecha” a cualquiera que hubiese ganado las elecciones que no fuese de su sector, incluida, por cierto, Evelyn Matthei. No cabe olvidar que en campaña la precandidata Carolina Tohá hablaba del “tsunami de ultraderecha”, para referirse a Kast, Kaiser y Matthei, acusando explícitamente a esta última de haber tomado el camino de la “derecha radical”. Algo similar hicieron con Matthei los otros candidatos de izquierda.

Es sabido que optar por esta forma de hacer oposición y apostar por el fracaso de un Gobierno puede traerles réditos electorales a quienes lo hacen —les permite también esconder las debilidades de su proyecto político que no logra sintonizar con las principales necesidades ciudadanas en seguridad y en economía—, pero genera altísimos costos para el desarrollo y la convivencia en el país. Terminar con esta forma de hacer oposición, que le niega legitimidad a un sector político para encabezar un gobierno, es uno de los mayores desafíos para nuestra democracia.