Dirigentes partidarios y jefes de las bancadas parlamentarias de la oposición anunciaron su decisión de ingresar al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento acusando de inconstitucionalidad a preceptos importantes del llamado “Proyecto de Reconstrucción Nacional”. Se sostiene que el mecanismo de la invariabilidad tributaria vulneraría las potestades tributarias radicadas en el Congreso y la soberanía nacional.

Al margen de lo rebuscado del argumento constitucional, la iniciativa de los parlamentarios reclamantes consolida una nueva etapa del TC. Son ahora bancadas de centroizquierda —minoritarias en el Congreso— las que recurren a este órgano para detener proyectos de ley que avanzan en su trámite parlamentario y amenazan aprobación. Para beneficio del Estado de derecho y la credibilidad de las instituciones, es indispensable que en los años que vendrán tanto partidos y parlamentarios como los mismos magistrados del TC reduzcan al máximo contradicciones que deteriorarían todo el sistema.

En primer lugar, ya es visiblemente inexplicable que parlamentarios y líderes de opinión que permanecieron largos años desconociendo el carácter democrático del TC, en cuanto institución, aparezcan ahora sirviéndose de él para impedir la eventual vigencia de partes de un proyecto que aprobaría el órgano de representación democrática. Recuérdese que la facultad más resistida fue precisamente el control preventivo de constitucionalidad, aquel que ahora se está usando para impugnar el actual proyecto. Esta fue la postura del PS, del FA, de sectores de la DC y del PPD, inconsistente con lo que hoy se observa.

Pero las potenciales contradicciones podrían ser más graves. En muchos temas de interpretación constitucional sobre facultades presidenciales (iniciativa exclusiva, ideas matrices, urgencias, indultos), el cambio de jurisprudencia entre los tiempos de los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric fue notorio. Si ahora —bajo el Presidente Kast— los fallos del TC vuelven a acusar argumentaciones poco consistentes con los precedentes, agravando los giros, entonces el prestigio del TC como legítima sede de solución de controversias constitucionales entre poderes de Estado caerá quizá irreversiblemente. La coherencia debe darse tanto a nivel de tribunal como a nivel de ministros individuales, algunos de los cuales tienen marcada línea filosófico-jurídica, incluyendo dos magistradas que fueron consejeras expertas en el segundo proceso constituyente, apoyadas por el PS y Chile Vamos, respectivamente.