Donald Trump ha recibido un trato ambiguo de la Corte Suprema de Estados Unidos. En casos importantes anuló sus órdenes ejecutivas y, en otros, las respaldó. Seguramente no es lo que esperaba Trump de una Corte en que seis de los nueve jueces han sido designados por presidentes republicanos, tres por él mismo. Solo otros tres han sido nombrados por presidentes demócratas.

En la segunda administración de Trump, según New York Times, un 62% de sus decisiones ejecutivas, impugnadas ante los tribunales, fueron finalmente acogidas por la Corte Suprema, en favor de Trump. Entre ellas, el reconocimiento de la facultad presidencial de remover, sin expresión de causa, a altos funcionarios de agencias independientes; la atribución de una variedad de facultades migratorias; la restricción al poder de los tribunales inferiores para suspender órdenes ejecutivas, y la flexibilización de límites del financiamiento electoral.

A la inversa, de mayor envergadura son los fallos de la Corte Suprema que han limitado excesos de Trump. El mayor incordio surgió de anular el alza general arancelaria, anunciada el 2 de abril de 2025, aplicable a 190 economías, incluido Chile, invocando la ley de emergencia económica internacional. La Corte estimó que esos aranceles eran impuestos y, como tales, requerían aprobación del Congreso. Sin embargo, el tribunal dejó abiertas otras atribuciones para fijar aranceles en casos y productos específicos y, temporalmente, por 150 días, hasta el 24 de julio, un arancel de aplicación general, de hasta un 15%.

Al concluir el año judicial, a fines de junio, la Corte comunicó tres fallos que enrabiaron a Trump, quien es un mal perdedor. Cuando los jueces votan en su contra, no tiene problema en insultarlos, tratándolos de “lacayos”, “tontos” y “vergüenza para sus familias”.

El de mayor impacto fue la anulación de la orden ejecutiva que pretendía negar la ciudadanía norteamericana a niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no son ciudadanos ni residentes legales permanentes. El derecho a la ciudadanía de los nacidos en Estados Unidos, independiente de las condiciones migratorias de sus padres, está reconocido en la Enmienda XIV de la Constitución. Tal fue el interés de Trump en este caso que asistió personalmente a los alegatos, algo inusual.

Destacable fue la anulación de la orden ejecutiva que pretendía destituir a Lisa Cook, de la Reserva Federal, lo que implicó reafirmar la autonomía de la autoridad monetaria.

Por último está la humillante sentencia de la Corte Suprema que confirmó la condena a Trump por agresión sexual a la periodista Jean Carol, ordenándole pagar 5,8 millones de dólares por difamación.

La temeridad y audacia con que gobierna Donald Trump apuntan, y lo ha logrado, a fortalecer el poder presidencial en perjuicio del Congreso, dañando la separación de los poderes del Estado, base de la democracia.