Cuando se habla de la crisis de seguridad en Chile, la conversación pública tiende a fijarse en lo más visible: el homicidio, el portonazo o la balacera que copan los noticiarios. Es la violencia que se siente en la calle y la que legítimamente exige respuestas inmediatas. Pero llevo años sosteniendo que más allá de la violencia visible se esconde el rostro de un Estado fallido. Se trata de la economía ilícita que impulsa y sostiene al crimen organizado.

El reciente informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio con la participación de cerca de setenta expertos, entrega un diagnóstico inquietante. Según ese trabajo, la evasión y elusión asociadas a estas actividades privan al fisco de al menos US$ 1.500 millones anuales, mientras que, por otra parte, el sector privado gastó cerca de US$ 2.700 millones solo en 2022 para protegerse de la expansión del crimen organizado. Son cifras que no aparecen en ningún parte policial, pero que erosionan el mismo bien público que es amenazado por el narcotráfico: la capacidad del Estado para garantizar un orden dentro del cual sea posible vivir, trabajar e invertir con certeza.

Lo que el estudio describe es una imagen con rayos X del Estado fallido. Muestra que el crimen organizado no solo dispara o extorsiona: administra. Según el informe, estas economías ilícitas movilizan al menos a US$ 5.700 millones anuales, lo que representa un 1,5% del PIB nacional. El crimen organizado gestiona este enorme monto con lógica corporativa, administra cadenas de valor completas y encuentra en las brechas regulatorias y en la fiscalización insuficiente el mismo terreno fértil que en los territorios donde la policía no llega.

No es casualidad que el informe identifique cuestionamientos recurrentes a la capacidad operativa del Servicio Nacional de Aduanas o del Instituto de Salud Pública en mercados sensibles como medicamentos y cosméticos. Son las mismas fragmentaciones institucionales, la misma falta de interoperabilidad de datos, que hemos visto fallar en el ámbito de la inteligencia y la persecución penal frente al crimen organizado transnacional.

Hay un patrón que se repite con obstinación en el diagnóstico chileno de los últimos años: identificamos el problema, incluso lo medimos con rigor, y luego respondemos con parches sectoriales en lugar de una arquitectura institucional capaz de seguirle el paso a organizaciones que sí operan de manera integrada.

Por eso me parecen muy acertadas las propuestas centrales del informe de crear una Unidad de Economías Ilícitas con capacidades de inteligencia estratégica y de avanzar hacia una Política Nacional que integre a los organismos con competencia en prevención, fiscalización y persecución bajo objetivos comunes. Es el tipo de arquitectura que la ANI debió consolidar hace años en inteligencia criminal, y que el Ministerio Público requiere para perseguir el patrimonio y no solo el delito base. Seguir la ruta del dinero, como propone el estudio, es la única forma de desarticular una organización desde su razón de existir. Perseguir únicamente los delitos visibles es combatir los síntomas mientras la enfermedad continúa propagándose a través del dinero como vehículo central.

Ahora bien, no basta con anunciar una nueva unidad si no se dota a estas instituciones de facultades reales y de un sistema sancionatorio que efectivamente duela. El informe advierte, con razón, que las sanciones actuales resultan desproporcionadamente bajas frente a los beneficios de la actividad ilícita, y que la probabilidad de persecución efectiva es baja. Si no corregimos esa ecuación, cualquier unidad de inteligencia terminará siendo otro organismo bien diseñado en el papel y neutralizado en los hechos.

Que el mundo empresarial haya decidido invertir tiempo y recursos en diagnosticar este fenómeno es una señal que el Estado no debiera desaprovechar. Pero la responsabilidad de liderar la respuesta no puede quedarse en el sector privado: es al Estado a quien corresponde diseñar la política, coordinar a sus instituciones y perseguir con decisión el dinero ilícito. Mientras sigamos discutiendo la seguridad únicamente desde la violencia que se ve, y no desde la economía que la sostiene, seguiremos llegando tarde. Un Chile sin economía ilícita no es solo una aspiración gremial: es una condición para que el diagnóstico de Estado fallido deje de ser una descripción adecuada y se reemplace por un Estado moderno y preventivo, capaz de frenar en su base la economía ilícita.