El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y senadores de la bancada PPD respecto de la invariabilidad tributaria en el proyecto de Reconstrucción es una buena noticia, tanto desde el punto de vista económico como político. Las modificaciones introducidas a la iniciativa hacen sentido, al relacionar el período de posible invariabilidad con la magnitud de la inversión. De este modo, los proyectos de mediano tamaño, de hasta US$ 100 millones, podrían acceder a un período de 10 años de invariabilidad; aquellos superiores a esa cantidad, a uno de 15 años, y los por sobre US$ 350 millones, a una invariabilidad de 20 años. El acuerdo, además, establece —razonablemente— que para poder tener esta suerte de seguro tributario, los inversionistas deberán pagar una tasa impositiva superior en un 1,5% a la que estará vigente para el impuesto corporativo.

En lo económico, la señal que entrega la invariabilidad es positiva, al otorgar a los inversionistas de largo plazo un horizonte tributario conocido. Aunque es difícil anticipar la magnitud de su impacto, lo cierto es que la incertidumbre institucional y tributaria que ha existido en Chile durante la última década ha representado, sin duda, una barrera a la inversión. De alguna manera, este proyecto reconoce y busca revertir esa pérdida de certezas, contribuyendo a generar un nuevo escenario, de mayor seguridad y confianza. El hecho de que, además, una parte de la oposición haya contribuido al diseño de la fórmula que se utilizará acrecienta la fuerza de la señal que se está dando.

Existen, claro, importantes detalles respecto de la implementación de este acuerdo que no están del todo claros, y que deberán ser trabajados, según corresponda, ya sea en lo que queda de la discusión legislativa o en los reglamentos de la ley, de modo que las certezas que se busca entregar tengan traducción concreta. Desde ya, resulta clave precisar si este régimen tributario se aplicará solo a nuevas personas jurídicas o si también podrán, y de qué modo, acogerse a él empresas ya existentes, para los nuevos proyectos que estén impulsando.

Desde un punto de vista político, el acuerdo no es menos significativo. Las duras recriminaciones de que han sido objeto los parlamentarios PPD, algunas abiertamente injuriosas —han sido acusados incluso de “venderse”—, junto con dar cuenta de la degradación de nuestro debate político, confirman el valor de este entendimiento y el coraje de los senadores Araya, Celis y Loreto Carvajal para dar un paso así, desligándose de la pesada mochila que para la centroizquierda ha significado su alianza con el Partido Comunista y el Frente Amplio. En efecto, ha quedado en estas horas claro el costo que deben pagar quienes se atreven a desafiar el dogma de la “unidad opositora”, que en la práctica hoy significa terminar adscribiendo a las posiciones más extremas de la izquierda para no ser acusado de entreguismo, como lo han sido estos parlamentarios y todos quienes han mostrado mínima disposición a dialogar. La crisis que en paralelo vive el Partido Socialista solo lo refrenda.

No menos importante que todo lo anterior, el acuerdo resta fuerza al requerimiento que sobre este tema la oposición ha anunciado presentará ante el Tribunal Constitucional. Esto, no solo por la decisión de los senadores PPD de no sumarse a dicho requerimiento, sino además porque —como ha informado la prensa—, hasta antes de conocerse este acuerdo, parlamentarios de otros partidos de centroizquierda también se habían mostrado abiertos a descartar la concurrencia al TC si alcanzaban un entendimiento con el Gobierno. El que haya existido tal apertura abre dudas respecto de su real convicción de que en esta materia pudiera efectivamente haber un problema de constitucionalidad o si, más bien, no se ha tratado de mal usar a la magistratura constitucional como arma de presión negociadora.