Señor Director:

El 18-O tuvo dos actores principales: los enemigos de la democracia y sus defensores. Al primer grupo no solo se les retiraron las querellas por Ley de Seguridad del Estado, sino, además, se les benefició con pensiones de gracia. En contraste, quienes por orden del gobierno del expresidente Piñera resistieron a los golpistas han sufrido una persecución judicial implacable.

El quiebre del principio de igualdad ante la ley es evidente, aunque las consecuencias sean invisibles. Miles de funcionarios querellados, suspendidos, encarcelados, viviendo el calvario de ver a sus familias sufrir.

Ante este escenario, el Gobierno se enfrenta al dilema de si indultar en particular o en general. Es mi convicción absoluta que si indulta en particular no logrará reconstruir las confianzas entre el Poder Ejecutivo y las FF.AA. y de Orden. Y es que solo un indulto general se hace cargo del intento de golpe de Estado que gatilló el uso de la fuerza para mantener el orden público. Además, el proyecto presentado por los nacional libertarios propone que se indulte con o sin sentencia, contribuyendo a nuestra verdad histórica: el 18-O vivimos un golpe de Estado que justificó el uso de la fuerza para evitar la destrucción del país.

Hoy tenemos uniformados desmoralizados, mirando con recelo al poder civil. Mientras no cerremos el capítulo del 18 de octubre, cada aniversario volverá a abrir la herida de la asimetría y del autoengaño en el que hemos vivido desde entonces. Es imperioso restablecer el Estado de Derecho en cuya ausencia no podemos hablar de justicia. Imagino que no hace falta recalcar que de ello depende la supervivencia de la nación.

Senadora Partido Nacional Libertario