Señor Director:

El subsidio a la tasa hipotecaria para viviendas de hasta 4.000 UF va en la dirección correcta, pero no basta. Comprar una vivienda de ese valor exige una renta cercana a $2,7 millones y un pie de unos $32 millones. Según el INE, el sueldo promedio es de $897.000 —y siete de cada 10 trabajadores ganan menos—: el puro dividendo supera el ingreso de la mayoría.

La consecuencia es evidente: las más de 100.000 viviendas nuevas sin vender no encontrarán compradores a los precios actuales. El ajuste llegará por alguna de tres vías: una, las inmobiliarias bajan precios; dos, se construye cada vez menos —los permisos están en mínimos históricos—, golpeando el empleo; o tres, Estado e industria enfrentan juntos el problema.

Esta tercera vía es concreta: si las inmobiliarias rebajan sus precios en torno a 15% —reconociendo la realidad del mercado— y el Estado amplía el subsidio de tasa, hoy de 0,6 puntos, a 1,5 puntos, elevando el tope a 7.000 UF —con lo cual la oferta elegible se amplía sustancialmente—, el dividendo de una vivienda de 4.000 UF bajaría a unos $500.000, exigiendo una renta familiar de $2 millones, alcanzable para un hogar con dos ingresos. Ahí sí crece el universo de compradores.

¿El costo fiscal? Alrededor de US$ 170 millones anuales por cada 87.500 viviendas vendidas; un programa de cuatro años para 350.000 nuevas familias propietarias acumularía hacia el cuarto año unos US$ 670 millones anuales —0,2% del PIB, decreciente después—, contra ventas por US$ 90.000 millones que reactivan IVA, empleo y toda la cadena de la construcción.

Nada de esto reemplaza la tarea de fondo —suelo, permisos, costos regulatorios—, pero dejar que el ajuste lo haga la recesión del sector es la peor alternativa.