La “Ley Miscelánea” actualmente en discusión tiene como propósito esencial estimular el crecimiento económico. Pues bien, si es analizada bajo el dogma de la lucha de clases, es fácil para sectores importantes de la oposición concluir en forma simplista que si esta política, en algún aspecto, beneficia a los inversionistas o a la actividad empresarial, ello necesariamente debe perjudicar a los pobres y a los trabajadores, porque dentro de su ideología habría una dicotomía insalvable entre los intereses de unos y de otros.

Ello responde a una visión premoderna de lo que es la riqueza. No fue hasta fines del siglo 18, comienzos del 19, tras la Revolución Industrial, que por primera vez en la historia de la humanidad se registra un alza dramática del producto en el planeta: hasta ese momento la curva de crecimiento económico aparece estable, con leves alzas periódicas que a poco andar eran devastadas por pestes, guerras o hambrunas. La economía capitalista que aflora en ese momento superó el juego de suma-cero, en que uno gana lo que otro pierde y unos son pobres porque la riqueza les ha sido arrebatada por los ricos. La causa primordial de esta nueva tendencia es la transformación radical del concepto de riqueza, la cual, de ser una basada principalmente en la tierra, que por definición es preexistente, estática y limitada, pasa a ser una que puede y debe ser creada por el ser humano por medio de su innovación y creatividad y la asunción de un riesgo por parte de un emprendedor que, al hacerlo, crea valor para los consumidores y beneficia a la totalidad de la sociedad a través de nuevos bienes, servicios y facilidades. Ello, a su vez, permite asegurar a multitudes crecientes de personas la posibilidad de salir de la precariedad material y espiritual propia de los niveles de vida de mera subsistencia. Implica además el incremento sostenido de la población, la caída en la mortalidad y el aumento en el número de años de vida de mejor calidad en todas sus manifestaciones.

El crecimiento económico ha sido el factor determinante para incrementar la prosperidad y el bienestar de la humanidad desde ese entonces. Es claro que una economía en crecimiento genera mayor recaudación para que el Estado, sin elevar desmedidamente los tributos, pueda a través del gasto social mejorar la salud, las pensiones, las viviendas y la educación; y ayudar a generar nuevos empleos, lo cual implica salarios más altos y mayor movilidad y ascenso social. La evidencia histórica es concluyente. A nivel mundial la pobreza bajó de 36% en 1990 a 10% en la actualidad, años que se caracterizaron por el mayor crecimiento en la historia. Me atrevería a sostener que el aumento de la riqueza global beneficia, por sobre todo, a los más pobres, pues los ricos, con o sin él, tienen ya satisfechas sus necesidades materiales, mientras que para los sectores vulnerables significa cambiar radicalmente su destino y desarrollar su potencial humano con nuevas oportunidades.

Un punto esencial de la economía política se refiere a la relación entre crecimiento y gasto social. Paradojalmente, el aumento del producto, al generar más prosperidad, intensifica las expectativas y lleva a la ciudadanía a exigir más bienes públicos. Ello no necesariamente es contrario al crecimiento, desde que la productividad depende en forma importante de las inversiones en capital humano. El problema es determinar cómo el gasto social se financia; si debe ser en beneficios universales o bien focalizados; si están bien diseñados y son comprobadamente eficaces; pues si involucran impuestos excesivamente altos o deudas que comprometen la estabilidad fiscal o desincentivan el ahorro, la inversión y el trabajo formal —y además se malgasta—, se llega al círculo poco virtuoso de estancamiento y creciente precariedad en que Chile se encuentra hoy.