Delcy Rodríguez, la Presidenta interina instalada por Washington tras la captura, en enero, de Nicolás Maduro, culpa a otros por la inoperancia de su gobierno. María Corina Machado, la líder de la oposición, ha dicho que esta tragedia demuestra “lo que se sabía, que Venezuela es un Estado fallido”. Días después de los sismos gemelos que dejaron miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos, queda a la vista la magnitud del fracaso del chavismo en la construcción de su “socialismo del siglo XXI”, un sistema que prometía al pueblo bienestar y vida digna, para terminar persiguiéndolo y empobreciéndolo, obligando a huir a más de siete millones de personas.

Antes de que llegaran los rescatistas internacionales, se evidenciaba la escasez de equipos básicos para enfrentar catástrofes. No había maquinaria pesada, generadores eléctricos ni herramientas de demolición. Tampoco elementos indispensables para el rescate de personas atrapadas entre escombros, como cámaras de fibra óptica, equipos de detección de sonidos, radios de alta frecuencia para comunicarse dentro de edificios de hormigón y ni siquiera perros adiestrados. Hay denuncias de que en los primeros días llegaban funcionarios supuestamente especializados, sin maquinaria útil ni elementos necesarios, y que personal militar se limitaba a observar e incluso a controlar a los civiles. Ese cuadro refuerza las acusaciones contra el gobierno, por su mala gestión y su incapacidad para resolver los problemas más acuciantes.

Desde Washington, involucrado directamente en la administración de Rodríguez, se ha intentado bajar el tono de las generalizadas críticas. Hace unos días, John Barrett, encargado de negocios en Caracas, señaló que “no ha habido problemas en el reparto de la ayuda” y que “la asistencia llega a la comunidad necesitada”; según él, las autoridades “han cumplido plenamente con nuestras solicitudes para acelerar el proceso humanitario”. Sin embargo, desde las comunidades afectadas siguen clamando por mayor asistencia y acusando a cuadrillas oficialistas de no entregar el apoyo necesario. “Décadas de mala inversión en la gente han hecho más difícil (la tarea) para el gobierno”, replica un oficial del Comando Sur, también involucrado en labores de salvamento.

En el contexto de esta tragedia, se ha puesto en duda que se continúe con el plan de Donald Trump y Marco Rubio para la transición en Venezuela. Sin embargo, según Barrett, este plan sigue “intacto”, con sus tres fases bien definidas: estabilización, recuperación económica y, por último, la transición democrática. Las dos primeras están en marcha, supuestamente con Delcy a cargo de mantener a raya a los militares (y Diosdado Cabello, el hombre que controla las Fuerzas Armadas, todavía en el gabinete), las milicias y las bandas criminales, y otorgar facilidades y soporte legal a la inversión extranjera en el sector petrolero y minero, mientras Washington alivia sanciones y entrega licencias a empresas para operar en el país. Pero la tercera fase, la democratización, parece que tendrá que esperar, y también Machado, quien fue disuadida de regresar a Venezuela tras el terremoto porque sería “una distracción”: según un vocero del Departamento de Estado, “añadir cuestiones políticas sensibles en este momento sería contraproducente para los esfuerzos de respuesta tras la tragedia”. Machado insistió, porque considera que su presencia “contribuye al proceso”; aun así, se le negó el permiso para volar a Caracas. Sus tensas relaciones con la Casa Blanca hacen prever que la transición será un proceso lento, sin final previsible.

Para Donald Trump, sin embargo, Venezuela “se ha convertido en un país feliz, porque nunca habían ganado tanto dinero como ganan hoy”, e incluso llegó a decir después del terremoto que la gente “bailaba en las calles”. Y es verdad que la economía venezolana, desde que Trump permitió la exportación de petróleo, ha tenido un repunte, pero muy limitado. Así, la inflación algo ha bajado, pero sigue altísima: 524 por ciento anualizada, en abril. Los salarios subieron, pero continúan en un nivel muy bajo, y el bolívar, la moneda nacional, sigue cayendo. Economistas atribuyen este escaso mejoramiento de las condiciones de vida de la población a que los ingresos petroleros no logran permear a toda la población, porque están atrapados en una distorsionada economía que lo impide. Según expertos, el control del tipo de cambio hace más atractiva la especulación (y la venta en el mercado negro) que la inversión en industrias productivas, lo que contribuye al círculo vicioso de la corrupción y el empobrecimiento de la gente.

Así, no es extraño que la imagen negativa del gobierno siga creciendo. Según una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, de junio, el 53 por ciento lo considera “malo” o “muy malo” (apenas 15% lo encuentra bueno), mientras Delcy solo tiene 24 por ciento de aprobación. Trump está mejor: 50 por ciento tiene imagen positiva de él (Machado lo supera, con el 53 por ciento). Y en cuanto al terremoto, el 65 por ciento considera que la respuesta del gobierno fue “mala” o “muy mala”.

Según un estudio reciente de universidades nórdicas, después de desastres como este, hay “una ventana de oportunidad para la democratización, pero eso depende de que la sociedad reaccione”. En este caso, también dependerá de la voluntad de Washington para lanzar un proceso electoral.