La justicia y la paz exigen reconocer la dignidad inherente a todo ser humano. Por eso importan las instituciones llamadas a promover y proteger los derechos humanos. La Comisión Rettig propuso, por unanimidad, “estudiar la posibilidad de establecer en Chile una institución cuyo fin específico sea proteger al hombre corriente de los abusos de poder que se inserte debidamente en nuestro régimen jurídico”.

Los gobiernos democráticos recogieron esa idea y la plasmaron en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Desde su creación, el INDH ha hecho una contribución valiosa a la democracia chilena. Pero también ha mostrado falencias que han generado controversias públicas y debilitado parte de su legitimidad. Por eso corresponde preguntarse cómo fortalecerlo: cómo hacerlo más autónomo, plural, gobernable y eficaz.

La necesidad es urgente. Aunque los chilenos siguen valorando la democracia y los derechos humanos, crecen el apoyo y la indiferencia frente a salidas autoritarias cuando la inseguridad, la violencia o los problemas sociales se prolongan sin solución. Hoy, el orden público y la seguridad ciudadana pesan más, para muchos, que las libertades.

Por esas razones y considerando que el Instituto lleva más de una década y media de funcionamiento, quienes suscribimos estas líneas, ex directores ejecutivos y exconsejeros del INDH durante años difíciles, creemos que es el momento de reformarlo. Toda institución pública debe responder tres preguntas básicas: qué decide, cómo decide y quién decide.

Lo primero es el mandato. El Instituto solo aumentará su legitimidad y eficacia si es percibido como una institución que defiende la vida, la libertad y la propiedad de los hombres y mujeres corrientes, como los denominó el Informe Rettig. Esa defensa no puede limitarse a los abusos cometidos directamente por el Estado. También debe comprender las vulneraciones producidas por su omisión.

En barrios críticos, en la macrozona sur o en la frontera norte, muchas veces el problema no es la arbitrariedad del Estado, sino su ausencia. Donde faltan prevención, protección de las víctimas, persecución penal, reparación o coordinación, también hay responsabilidad estatal por no haber protegido los derechos de los habitantes de Chile. La causa de los derechos humanos exige reconocer esa responsabilidad por acción y por omisión.

La segunda pregunta es cómo se decide. No es secreto que el INDH ha enfrentado problemas de pluralismo. Amplios sectores ciudadanos perciben que el mundo de los derechos humanos pertenece a una sensibilidad ideológica determinada. La composición reiterada del Consejo no ha ayudado a despejar esa impresión. Tampoco contribuye que materias sensibles se resuelvan por mayorías estrechas. Exigir quorumsuperiores a la simple mayoría permitiría que las decisiones relevantes expresen acuerdos amplios.

La autonomía del Instituto es otro punto crítico. Durante la crisis social, el Consejo fue presionado para adoptar declaraciones sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desmilitarización del Wallmapu, libertad de los presos políticos, refundación de Carabineros o persecución penal por delitos de lesa humanidad contra autoridades civiles y policiales. Cuando la mayoría del Consejo resistió ese asedio, vino la ocupación ilegal de la sede central durante ocho meses. Los organismos iberoamericanos de derechos humanos la condenaron porque atentaba contra la autonomía del INDH. Sin embargo, no lo hicieron los consejeros elegidos por la sociedad civil. Difícilmente podía ocurrir algo distinto si una parte relevante de las organizaciones que los eligieron apoyaba la toma. Quién decide es decisivo.

Por eso proponemos que la dirección superior del INDH recaiga en un Consejo Directivo compuesto por personas de reconocido compromiso con los derechos humanos, elegidas íntegramente por diputados y senadores en ejercicio. Este Consejo deberá velar por la autonomía, el pluralismo y la representatividad del Instituto ante la sociedad. Su misión será promover y proteger los derechos humanos, recordando también los deberes que tenemos con los demás, con la comunidad y con la naturaleza.

En suma, para resguardar la función que cumple el INDH, es necesario reformarlo para fortalecerlo. Chile necesita una institución nacional de derechos humanos autónoma, plural, respetada y eficaz; que no sea vista como patrimonio de una sensibilidad política, sino como garantía común de una democracia que protege a todas las personas. Esa es la discusión urgente: cómo hacer que los derechos humanos sean de todos y para todos.