La sociedad chilena no ha sido indiferente a la creciente y cruenta criminalidad que viene afectando a nuestro país.

La sensación de inseguridad y la conciencia de los riesgos que representa para nuestro país el que bandas criminales se hayan apoderado de barrios y ciudades imponiendo una cultura de drogas, extorsión y descontrol, no solo han dado lugar a un cambio político y el mandato popular de poner mayor énfasis en la protección de la ciudadanía, sino que también han generado un debate acerca del rol que podrían asumir las Fuerzas Armadas en el objetivo, compartido transversalmente, de erradicar la delincuencia y toda forma de violencia y crímenes de calles, colegios e instituciones.

Es importante precisar que la tarea del combate a la delincuencia y del crimen es una responsabilidad de todos nosotros, y no solo de los organismos del Estado, y que comienza en el seno de la familia y continúa con el apoyo de todos los que forman parte del proceso educativo y formativo de nuestra juventud.

Dicho esto, como ministro de Defensa Nacional del gobierno del Presidente Kast, destaco la muy positiva valoración que hoy tiene la sociedad chilena del trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y de la contribución que podrían prestar para la solución de la crisis.

El afecto y reconocimiento ciudadano por la gran labor permanente y aporte a la construcción de nuestra República y hoy, particularmente, en la custodia de la frontera norte y la macrozona sur, explica que ante situaciones dolorosas, como las vividas estos días, ciudadanos y dirigentes propongan que ellas vuelquen su experiencia y sus medios a apoyar el cuidado del orden público, lo que, en todo caso, ya vienen haciendo desde hace varios años.

En la actualidad, las instituciones de la Defensa ya realizan un valioso trabajo en regímenes excepcionales con un enorme esfuerzo y sacrificio, sin dejar de cumplir sus labores habituales y, con ello, han ayudado a liberar un porcentaje importante de efectivos policiales para que estos, de acuerdo a lo que establecen la Constitución y las leyes, aborden la amenaza que representan la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, es a Carabineros de Chile y a la Policía Civil a quienes les corresponde de forma directa el trabajo profesional especializado de velar por la seguridad y el orden público conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

Como instituciones patriotas, disciplinadas y profesionales, las FF.AA. concurrirán siempre a apoyar a las policías en esta labor insustituible del Estado, si así se dispusiere en la legislación. Y si se llegara a analizar esa materia esperamos que ello se realice con visión de Estado y lejos de la confrontación política, para establecer las condiciones excepcionales y temporales en las que se les convocará, con el compromiso y apoyo de los poderes del Estado y teniendo en cuenta la formación profesional militar recibida en el uso de la fuerza por los efectivos que sean llamados a servir al país en su seguridad y orden público.

Como en todo Estado de Derecho, y de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, los órganos del Estado deben actuar estrictamente apegados a las disposiciones que los regulan y que establecen sus derechos y obligaciones. La colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en el combate de la delincuencia y de la actividad criminal debe tener, para hacerla posible y evitar exponer indebidamente a su contingente, un marco normativo claro, concordado ampliamente y definiendo las competencias, medios materiales y ámbitos en que ello puede materializarse, sin perder nunca la esencia del rol que cada una de las instituciones armadas tienen en la defensa e integridad de la soberanía de nuestro querido país.

La definición consensuada de esta nueva legislación es un requisito indispensable si el país quiere pedir este nuevo esfuerzo a nuestras Fuerzas Armadas, compuestas por miles de hombres y mujeres comprometidas con la defensa de Chile y la de todos sus ciudadanos.