Para muchos sectores moderados ha sido una sorpresa el profundo extravío de gran parte de la oposición durante estos primeros meses del nuevo gobierno. Su estrategia, la que ni siquiera pretenden ocultar, es apostar derechamente por el fracaso de la administración de José Antonio Kast. Si bien en un momento, especialmente luego de la derrota de diciembre, pudo haber un intento de hacer una auténtica autocrítica, renovar sus propuestas y, en general, hacer las cosas de modo diferente, lo cierto es que hoy la estridencia, las consignas y una retórica inflamada parecen haber ganado.

Quienquiera que, por ejemplo, escuche una parte del debate parlamentario sobre la llamada Ley de Reconstrucción difícilmente puede llegar a una conclusión distinta: cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo amplio está lejos de poder alcanzarse, pues se ha impuesto en la oposición la línea más dura. Ello ha ocurrido incluso en el Socialismo Democrático, luego que en el PS triunfara en la pulseada la postura más disruptiva de la senadora Cicardini y el diputado Manouchehri.

Ilustrativa de una visión trasnochada de la economía representativa de la izquierda —incapaz de comprender los costos que en materia de crecimiento, inversión y empleo significó para el país la inestabilidad y estancamiento que provocaron con sus discursos, propuestas y gestión durante los últimos años— son las recientes declaraciones de la parlamentaria Gael Yeomans, jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio (FA). A su juicio, se abre una “oportunidad bien interesante y necesaria de construir un programa económico con inspiración socialista para el próximo período”. Ello es coherente con lo manifestado por el diputado Jaime Bassa (FA), quien, para perplejidad de quienes pensaron que tras la derrota de la propuesta de la Convención vendría una autocrítica, sostuvo que “hoy contamos con un texto (el de la Convención) que da cuenta de un horizonte de mayor justicia social y ambiental, mayor equidad de género y territorial, construido democráticamente desde la diversidad política, social y económica y cultural del país (...). Texto que sufrió una derrota electoral, mas no política: este no será el último intento”.

El contraste de la postura mayoritaria de la oposición con lo consignado hoy en Reportajes por el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic (FA) es evidente. Sus declaraciones en cuanto a que “el momento político nos exige mayor madurez y sentido de colaboración” o que quienes cuentan con recursos deben pagar el CAE, están lejos de ser compatibles con este otro discurso más duro que campea en la oposición. Habrá que esperar, entonces, si el liderazgo que Vodanovic muestra en las encuestas se traduce finalmente en un cambio de las ideas y conducta de su sector político.

Otro aspecto de la táctica seguida por la oposición es criticar que se aprueben reformas por un voto o escasa mayoría —como si eso no fuera la forma de dirimir las diferencias en un régimen democrático— e intensificar las presentaciones al Tribunal Constitucional (TC). Si bien no hay nada de reprochable en que parlamentarios recurran al TC —es un órgano establecido en la Constitución que cumple un papel fundamental en el balance de poderes y el respeto a las normas que nos rigen—, no deja de llamar la atención la contradicción entre esta conducta y sus declaraciones pasadas que se referían a este tribunal despectivamente como la “tercera cámara”.

Hoy, sin embargo, por razones “pragmáticas”, toman el camino del TC que antes calificaban de “antidemocrático”. Recurren a una institución sobre la cual no solo tenían una mera diferencia jurídica, sino un juicio crítico de carácter ético que les servía para marcar una supuesta superioridad moral respecto de quienes defendían su necesidad. Y es que consideraban que los partidarios de mantener el control preventivo de las leyes que realiza el TC estaban por bloquear a las grandes mayorías que ellos supuestamente representaban. Cabe recordar, por ejemplo, el énfasis que hacía Giorgio Jackson (FA) en cuanto a que “no hay que amparar la utilización y la instrumentalización del TC” por parte de una minoría política. Más gráfico aún era el abogado Fernando Atria (FA) cuando sostenía que en vez del TC “se debería hablar de la tercera cámara, no de un tribunal constitucional; y de los ministros como parlamentarios o camaristas; y de los grupos que lo conforman, como bancadas” o cuando recriminaba a los sectores de derecha diciendo “como no pudieron convencer a la mayoría, buscan un triunfo por secretaría”.

Ahora que son minoría desaparece esa indignación moral, que cede ante el pragmatismo. No hay reproches por recurrir a un instrumento “antidemocrático”. Después de todo no se trataba de un asunto de “principios”. En fin, una muestra más de que el discurso que muchos utilizaron para arrastrar al país a una crisis de inestabilidad institucional estaba irremediablemente vacío.