Lo que parece una campaña sistemática destinada a instalar la idea de que el Gobierno tendría una posición contraria a las inversiones de empresas chinas se ha venido desarrollando en las últimas semanas, impulsada por figuras políticas. Supuestos atrasos en peticiones de reuniones por parte de inversionistas de esa nacionalidad serían la evidencia. Y quizá la expresión más clara de ese planteamiento haya sido una reciente y comentada columna de opinión de la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, principal colectividad opositora.

Es difícil calibrar el alcance de lo que se reclama, pues se trata de una acusación de carácter muy general —un supuesto ánimo contrario a las inversiones chinas—, sin sustento en los propios casos que se aluden para justificarla. Así, por ejemplo, las situaciones mencionadas por la senadora Vodanovic —como el conflicto de Metro con los contratistas en la línea 7, o el caso de la concesionaria de la ruta Talca-Chillán, confrontada con el MOP— dan cuenta de controversias específicas, en proyectos también específicos, en torno al cumplimiento o no de las respectivas obligaciones contractuales; es decir, se trata de contingencias similares a las que pueden enfrentar en Chile o en cualquier país empresas de los más diversos orígenes. Ver allí una discriminación hacia China resulta a lo menos aventurado. Más aún si se recuerda que los casos citados anteceden a la llegada al poder del actual gobierno.

Más bien, a partir de reclamos como ese, sería posible sugerir lo contrario: que las empresas chinas podrían estar esperando recibir de Chile un tratamiento especial, la expectativa de una suerte de trato de Estado a Estado. Pero esta manera de entender las relaciones con inversionistas extranjeros no está incorporada en la forma de funcionar de nuestro país, y es bueno mantenerlo así. Las autoridades competentes sectoriales tienen la obligación de hacer cumplir las leyes, y las empresas chinas, el derecho de recurrir a tribunales y a todas las instancias definidas contractualmente si estiman que sus posiciones han sido vulneradas. Sugerir sin mayores antecedentes que estas disputas dan cuenta de una posición ideológica anti-China no solo es irresponsable, sino que puede leerse como una presión para “ablandar” a las autoridades respecto del trato a ciertos inversionistas. Esta influencia, llevada a la política, es altamente peligrosa.

Las disputas entre Estados Unidos y China tienen un alcance importante sobre el resto de los países. Chile no es la excepción. Es esperable que la presión por favorecer ciertas inversiones y bloquear otras crezca, como ya se visualiza. La respuesta de las autoridades debe ser un llamado a fortalecer las instituciones y a aislarlas de consideraciones geopolíticas. Estas últimas, de existir, deben ser expresadas abiertamente a partir de reglas previamente conocidas. Cualquier otro camino sería profundamente equivocado.