Los hechos pueden quebrar en poco tiempo —a veces en horas— la coherencia con la visión política que se ha pretendido encarnar. No hay épica o estrategia comunicacional capaz de superar la realidad.
Mientras en Argentina las banderas mundialeras apagan por un rato el escándalo del hasta ayer jefe del gabinete presidencial, Manuel Adorni, los españoles capean el calor siguiendo en vivo la investigación sobre los negocios, tan millonarios como confusos, de José Luis Rodríguez Zapatero.
El patrimonio de Adorni se multiplicó en más de 40 veces desde fines del 2023, cuando fue convocado por el Presidente Milei como su vocero. Investigado por un fiscal, explicó ese salto monumental con el hallazgo de un sobre con miles de dólares en el departamento de su padre, tras fallecer; y su previa inversión en criptomonedas (olvidando que en el 2020 recomendaba en televisión no hacerlo). Además del origen incierto, enfrentaba cuestionamientos y posibles cargos por omitir su patrimonio en las declaraciones como funcionario público; por mentir ante la Cámara de Diputados, asegurando que no escondía nada; y por acogerse a una ley para evasores, que lo libera de impuestos cuando ya no le fue posible seguir negando sus ingresos (legal, pero convengamos que poco estético).
La situación de Adorni era insostenible para cualquier autoridad, pero más para quien representaba a un gobierno que prometió barrer con los privilegios de “la casta” y la corrupción. Es difícil comprender que Milei, abrazando “la moral como política de Estado”, lo defendiera durante meses, amparándose en una presunción de inocencia, vigente frente a un tribunal, pero no ante el escrutinio público.
En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de España durante ocho años y figura emblemática del socialismo en el mundo, está imputado como participante de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La primera hebra fue la investigación sobre sus gestiones y el cobro de comisiones para el rescate de 53 millones de euros, entregados por el gobierno de Sánchez a una aerolínea en la pandemia, que serían parte de una trama de lavado de dinero proveniente de Venezuela. Van apareciendo otras minucias: en el registro de su oficina, se encontraron joyas avaluadas en más de un millón de euros, que él explica entre herencia familiar y regalos institucionales, las que, por cierto, nunca fueron declaradas.
Zapatero enfrenta más que una imputación ante la justicia. El golpe más duro es el juicio político a quien representaba la pureza socialista, admirado por sostener el único gobierno “limpio de corrupción” y que arengaba hace unos años para establecer un límite a la riqueza. Fue el protector de Maduro y el modelo chavista; y el referente de todos los liderazgos de la izquierda de América Latina, desde Claudia Sheinbaum a Gabriel Boric.
Es cierto que la trascendencia política e histórica de Zapatero no tiene comparación con la de Adorni, que no pasa de figura hábil y fugaz. El daño a sus respectivas batallas culturales y a quienes los protegieron, sin embargo, es el mismo. Al primero se le adjudica la guinda de la torta sobre el gobierno de Pedro Sánchez, que no consigue zafar de un problema de corrupción más. Al segundo, una crisis política y la caída significativa de Milei en la aprobación en los últimos meses, aun cuando está cosechando buenas noticias económicas.
Sobre una camisa blanca las manchas se ven a simple vista. Y es que una cosa es ser objeto de una investigación penal, de la que nadie puede librarse en igualdad ante la ley; y otra enfrentarla cuando se ha estado sobre una plataforma política de superioridad moral, desde la que se apunta como cómplices de los males a todo aquel que exprese diferencias.