La preferencia por la democracia, como forma de gobierno, ha crecido en los últimos dos años entre los chilenos y chilenas, quienes consideran, además, como principal atributo de una sociedad democrática —incluso ligeramente por encima de la celebración de elecciones libres e imparciales—, que ella permita un acceso igualitario a la justicia. Así lo revela la reciente encuesta Democracia UDP & Feedback (junio de 2026).

Si el aumento de personas que prefieren la democracia por sobre los gobiernos autoritarios (de 61% a 71%, desde noviembre del año pasado) es una buena noticia, la expectativa de que la democracia garantice igualdad en el acceso a la justicia plantea un enorme desafío; porque la misma encuesta revela que la inmensa mayoría (88%) considera que las posibilidades de acceder a la justicia “dependen del dinero, los contactos y el lugar donde se vive”, y que es difícil o muy difícil (86%) “para una persona común y corriente hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia”. Esa opinión se corresponde con la impresión del 91% de que la corrupción en el sistema de justicia es un problema muy grave, pues la corrupción niega radicalmente la posibilidad de una justicia igualitaria, al permitir a quien paga, ofrece favores o se vale de su influencia ante los jueces, obtener un trato privilegiado para sí o su cliente.

Las instituciones de la justicia tienen, entonces, una responsabilidad fundamental en la preservación de la preferencia de la ciudadanía por la democracia; una preferencia que podría calificarse de “porfiada” frente a los hechos (y, por ello, frágil) si el principal atributo que esta forma de organización política debería ofrecernos —igual acceso a la justicia— se muestra tan esquivo en nuestro país. Esa responsabilidad recae de especial forma sobre los hombros de la Corte Suprema, que ha hecho esfuerzos, bajo un renovado liderazgo, para elevar los estándares éticos y de transparencia, pero que sigue lidiando con niveles muy bajos de confianza ciudadana (solo un 21% tiene bastante o mucha confianza en nuestro máximo tribunal).

Pero también es una responsabilidad de la política, en general, especialmente del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, que deberían con urgencia implementar políticas públicas que mejoren el acceso igualitario a la justicia, así como la independencia, imparcialidad, probidad y transparencia de los tribunales.

Fuera de ello, la expectativa ciudadana de un acceso igualitario a la justicia, como condición de la democracia, también representa un desafío para la profesión jurídica. La alta percepción de corrupción de la justicia evidentemente apunta, además, a los litigantes que, descontados los casos más escandalosos de cohecho, también favorecerían una aplicación inicua de la justicia a través de sus redes y contactos, que pesarían en la decisión judicial más que el conocimiento técnico de la ley (así lo considera un 33% de los encuestados) o, a lo menos, en igual medida que dicho conocimiento (según un 57%).

Ante ese factor del desigual acceso a la justicia, los chilenos esperan de los abogados y abogadas un rol y un perfil más virtuoso, y consideran que sus principales cualidades, fuera del conocimiento jurídico (27%), deberían ser actuar con criterio y sentido de justicia (35%), y ser honestos y transparentes (23%).

La persistente preferencia de los chilenos por la democracia, a pesar de estas múltiples falencias que acusan en la realización de la que debería ser su principal prestación —el acceso igualitario a la justicia— no está garantizada. Depende en buena medida de la prioridad política que se dé a las reformas pendientes que buscan combatir el cohecho, el tráfico de influencias y las asimetrías de poder percibidas por los ciudadanos en la justicia, en materia de nombramientos judiciales, gobierno judicial, control ético de la profesión jurídica y fortalecimiento del acceso a la justicia. Y en no menor medida depende también de un mayor compromiso ético y más altos estándares de decencia de parte de los profesionales del Derecho, así como de quienes asumimos la responsabilidad de formarlos.