En los últimos días han vuelto a resurgir los epítetos en contra de la llamada “Derechita Cobarde”, término que no es ni siquiera el invento ingenioso de un derechista chileno, sino de Abascal, el líder de Vox, para atacar al Partido Popular español.

Esto presumiblemente se debe al hecho de que hay personas de derecha que estimamos que la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau es tanto infundada como inoportuna. Infundada, porque confunde tres conceptos que son diferentes: las violaciones a la Constitución, las malas políticas públicas y la responsabilidad política.

Es evidente que los encargados de las finanzas públicas tomaron decisiones abiertamente erróneas y graves para los equilibrios fiscales, pero ello no implica que la ley de la república haya sido vulnerada. Por otra parte, la responsabilidad política no equivale necesariamente a una responsabilidad jurídica ni conlleva penas ni sanciones, y en general, se cobra a través de otros mecanismos, como pueden ser las interpelaciones, las comisiones investigadoras y, por cierto, el instrumento principal para hacerla valer, que son las elecciones.

Inoportuna, porque nunca antes habíamos necesitado con tanta urgencia establecer una política de cooperación y no de enfrentamiento, para poder llegar a acuerdos que permitan las reformas necesarias —que van mucho más allá de las actuales en discusión— para salir de la trampa de los ingresos medios (que muy pocos países superan) y así retomar el crecimiento económico que nos permita terminar con la pobreza (que aumenta, pero no parece ser prioridad para nadie), mejorar la salud, la vivienda y la educación, entregar oportunidades de vida a todos, además de garantizar mayor seguridad. Es sabido que ese proceso solo se puede alcanzar a través de diálogos, acuerdos y consensos, y no con enfrentamientos permanentes. Es más, es contraproducente, porque implica involucrar a las fuerzas de derecha en una de las peores prácticas de las últimas décadas: las acusaciones constitucionales infundadas, que solo agudizan la polarización en el país. Finalmente, porque antagoniza a una derecha sin la cual el gobierno actual no habría ganado, ni tampoco podría gobernar.

Lo anterior me motiva a reflexionar sobre este término, Derechita Cobarde, para argumentar que, por el contrario, se requiere mucha valentía para ir contra la corriente, para luchar contra la radicalización de las posturas y probablemente disminuir sus ventajas electorales, y todo con el solo objetivo de ser consecuentes y coherentes con un principio fundamental de la democracia, cual es distinguir entre un adversario político con quien se conversa y un enemigo al que es preciso destruir. En suma, se trata de desafiar la idea de que la radicalidad es la valentía y la moderación una suerte de debilidad moral; y de no caer bajo el hechizo de Carl Schmitt, quien estimaba que “la distinción específica de lo político, la que caracteriza lo esencial de sus acciones y sus motivos es entre amigo y enemigo” y que “la guerra sigue siendo la forma extrema de realización de la enemistad”. Ya lo advertía Edmundo Burke en el siglo XVIII cuando afirmaba que “en tiempos de frenesí la moderación es estigmatizada como la virtud de los cobardes” y creía que la moderación exige mucho más coraje que el extremismo.

La pregunta clave es: ¿queremos seguir viviendo en guerra con nuestros compatriotas o aspiramos a encontrar mecanismos de convivencia dentro de la diversidad? La democracia no es un juego de suma-cero; no hay verdades terrenales monolíticas e inmutables; el que gana una elección no lo gana todo y el que pierde no lo pierde todo; y menos su derecho a vivir en su propio país con espacios para luchar por sus ideales —mientras se ajusten a los principios de la democracia— por mucho que no nos gusten.