Señor Director:

Se ha planteado en estas páginas que sería un error mantener la vigencia del Comité de Ministros en el marco de la reforma a la institucionalidad ambiental. Discrepo.

Como lo planteé hace unas semanas ante la Cámara de Diputados, dicho órgano ha funcionado bien en la gran mayoría de los casos a lo largo de más de 30 años de trayectoria (con modificaciones). No hay una trampa en él, sino el reconocimiento de una realidad: su rol es esencial para moderar decisiones que se adoptan en las regiones, incorporando los legítimos intereses locales y una perspectiva nacional en proyectos de alto impacto social, económico y ambiental. Eso no impide mejorarlo mediante un estatuto orgánico más robusto y una secretaría técnica de apoyo (Comisión Presidencial de reforma al SEIA, 2017), pero los episodios de Dominga e HidroAysén son excepciones que no debiesen hacernos perder el foco.

Se ha propuesto, en su reemplazo, que las Comisiones de Evaluación y el Comité de Ministros sean sustituidos por un director regional y nacional, supervisados por un Consejo Directivo con rectoría técnica sobre ellos. Si bien eso no es un embrujo, sí es una ilusión. Pensar que esos directores regionales —con cinco años de experiencia y elegidos por ADP— no serán objeto de captura, presión política e interferencias en su gestión, es un espejismo que debemos abandonar. Concentrar en una sola persona la calificación ambiental de proyectos, cuya complejidad excede lo ambiental, debiese ser motivo de preocupación.

Si a eso se suma una eventual reclamación directa ante los tribunales ambientales, el problema se agrava doblemente: (i) aumentará el Poder Judicial mediante el control de dos instancias (Tribunal Ambiental y Corte Suprema) y (ii) la Administración del Estado será paulatinamente irrelevante en este tipo de decisiones. ¿Es eso finalmente lo que queremos?

Exsubsecretario de Medio Ambiente