Los recientes episodios de fricción al interior del oficialismo, evidenciados en las divergencias para enfrentar y votar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, y en una serie de declaraciones e interpelaciones entre parlamentarios, dirigentes de partidos y hasta la excandidata presidencial de Chile Vamos, vuelven a poner de relieve un problema de articulación.

Es cierto que hasta ahora esas tensiones no han impedido el avance de los proyectos del Ejecutivo, pero sí comprometen la imagen de gobernabilidad y desconciertan a sus partidarios. Entregan además inesperada “ayuda” a una izquierda que, debilitada y con mínima capacidad de propuesta, mira con satisfacción esas desavenencias. Después de todo, ¿qué mejor para una oposición que el hecho de que algunas de las más duras críticas y de los peores epítetos contra sus adversarios provengan desde las propias filas oficialistas?

Parte de esta debilidad estructural responde a decisiones de diseño del mismo gobierno, al haber desechado conformar una coalición política entre los distintos partidos que lo apoyan. Así, sin más instancias formales de coordinación que las reuniones de comité político en La Moneda y los cónclaves convocados por el Presidente, las posibilidades de articulación se reducen y las agendas individuales encuentran más fácilmente espacio. Contribuyen a eso los resabios de la dura campaña electoral pasada. Y a este cuadro se le suma un factor externo que añade presión al panorama: la presencia competitiva del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido de la Gente (PDG). Ambas agrupaciones han desplegado estrategias orientadas a atraer a un electorado en principio afín a las ideas del oficialismo, pero de fidelidad volátil. Así, es inevitable que en muchas decisiones parlamentarias pese fuertemente el temor a ceder terreno frente a esa competencia.

En este escenario resulta clave el papel de las directivas partidarias. Recae sobre ellas la responsabilidad de contener a sus congresistas y dirigentes, y de encuadrar su actuar dentro de los márgenes de una colaboración leal. La indulgencia frente al desmarque sistemático y la tolerancia hacia quienes operan bajo lógicas estrictamente individuales, o incluso visceralmente, terminan por debilitar la posición del Ejecutivo y desdibujan su proyecto frente a la ciudadanía. Conducir a un sector exige, por definición, la disposición a asumir los costos que supone imponer el orden interno.

La gobernabilidad no descansa exclusivamente en las facultades constitucionales del jefe de Estado: requiere del respaldo cohesionado de las fuerzas políticas que sustentan su mandato. En la medida en que el Gobierno no asuma la necesidad de cimentar una coalición con mayor densidad política, y las directivas partidistas no logren contener la dispersión impulsada por las presiones periféricas, el oficialismo continuará enfrentando obstáculos evitables. El balance de lo ocurrido en la Cámara con la acusación contra Grau, que mostró a una oposición unida frente a un oficialismo acremente dividido, debiera constituir una lección a ese respecto.