Señor Director:

La nueva ley de datos personales, que tomó más de diez años para tramitarse, se enfrenta a un nuevo escollo. Luego de una larga discusión en el Congreso Nacional, que cruzó varios gobiernos, se lograron los acuerdos para aprobarla como ley. El diseño de su implementación fue cuidadoso, teniendo en cuenta los cambios que su contenido exige. Por esto, se otorgaron plazos de vigencia mayores y se recomendaron pasos para su implementación, aprobándose luego una inédita norma de silencio positivo para el caso de que no hubiera pronunciamiento por la nómina de los consejeros de la nueva Agencia Nacional de Protección de Datos Personales antes del 1 de junio de este año, todo para estar debidamente preparados para el inicio de la ley.

Al rechazarse hace unas semanas por el Senado la nómina presentada por el Ejecutivo, se prometió una ley corta y una lista de candidatos. Nada de lo cual ha sucedido. La nueva ley entrará en vigencia el 1 de diciembre de este año, y aún no hay Agencia ni normas que vayan orientando su implementación.

En tiempos de un cambio tecnológico inédito en la historia de la humanidad, comandado por la aparición de la inteligencia artificial generativa, la institucionalidad creada por la nueva norma es imprescindible. Cada día que pasa significa un daño a los derechos fundamentales de las personas, y también una pérdida de certezas para toda la economía nacional.

Fundación Voz

Fundación Kamanau

Fundación Abriendo Datos