A raíz de la revelación de un preinforme de Contraloría que dio cuenta del ingreso de más de un centenar de niños haitianos durante 2025 bajo la figura de la reunificación familiar, en un contexto de situaciones anormales y supuestamente sin los controles migratorios adecuados, se ha producido una serie de lamentables especulaciones que no se condicen con los resultados de las investigaciones en curso. Las declaraciones del viernes del ministro de Defensa, Fernando Barros, fueron clarificadoras, en cuanto a que “no hay ningún antecedente serio que indique que estemos frente a un tema de tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil”. Ello es coherente con que en las últimas horas se haya ido logrando encontrar el paradero de muchos de ellos, sin que su situación pueda vincularse a alguno de estos graves delitos.

Naturalmente, los hechos conocidos exigen una reacción rápida de las autoridades —como de hecho se está produciendo—; determinar el alcance —en que no cabe descartar ni prejuzgar ninguna hipótesis—; establecer las eventuales responsabilidades y, finalmente, sacar las debidas lecciones para que situaciones como estas no se repitan en el futuro. Sin embargo, no ayudan a estos objetivos las reacciones apresuradas de indignación moral y las acusaciones irresponsables que se multiplican en las redes sociales.

Si algo ha quedado en evidencia con los antecedentes conocidos hasta ahora, es la debilidad institucional y la falta de coordinación exhibida entre las distintas entidades que tuvieron un grado de conocimiento de la llegada de los niños haitianos al país (PDI, Servicio Nacional de Migraciones, DGAC, Junta de Aeronáutica Civil, Ministerio del Interior, Defensoría de la Niñez y Subsecretaría de la Niñez). Errores de diseño legal que impiden compartir la información que cada repartición tiene y un actuar burocrático y compartimentado arraigado en muchos de sus funcionarios que se contentan con el formalismo de enviar un oficio o hacer una denuncia —sin mayor iniciativa para preocuparse del avance de las investigaciones—, son un reflejo de un Estado que requiere de forma urgente una profunda modernización.

Esta falta de coordinación entre agencias estatales y también privadas está en la base de los principales problemas que enfrenta el país y que, pese a existir un diagnóstico claro hace años, hemos sido incapaces de abordar en forma eficaz.

Piénsese, por ejemplo, en lo ocurrido en la llamada Operación Tokio, vinculada a la criminalidad organizada y al lavado de activos. Los hechos denunciados dan cuenta de la vulnerabilidad del sistema que supervisa operaciones sospechosas, precisamente por la ausencia de una debida comunicación entre agencias públicas y privadas. Como es sabido, distintas instituciones tienen la obligación de reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero, la que, luego de analizarlas, debe enviar, si encuentra indicios de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, un informe de inteligencia financiera al Ministerio Público. El secretismo que propicia la legislación conspira contra el hecho de que se comparta información básica entre las instituciones públicas vinculadas, entre estas y los bancos, y entre los propios bancos entre sí, lo que lleva a que cada uno se desentienda de lo que hace el otro y no pueda contar con ayuda básica para cumplir sus tareas preventivas e investigativas. Una reforma legal que permita mejorar la coordinación es aquí urgente.

En fin, la demora de más de una década para implementar adecuadamente el llamado Banco Unificado de Datos (BUD) —un sistema en el que nueve instituciones vinculadas con la persecución criminal compartieran en línea la información contenida en sus bases de datos—, a pesar de ser una herramienta clave para luchar contra la delincuencia, es otra muestra de las dificultadas existentes para hacer los cambios que hagan más eficiente la tarea del Estado. Fortalecer las instituciones es más que aumentar su presupuesto o simplemente respaldarlas, sino sobre todo, es modernizarlas, facilitar la coordinación, ajustar sus procedimientos y controles, entre otras situaciones. En ello se debieran concentrar los esfuerzos.

A propósito de la acusación constitucional

Hace décadas que el país vive una espiral de acusaciones infundadas —ninguna agrupación, sea de izquierda, centro o derecha, ha podido mantenerse completamente al margen de este actuar imprudente—, que los distintos partidos no han tenido la fortaleza de detener, a pesar de ser una de las causas más evidentes de nuestra debilidad y entrampamiento institucional. La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau es un nuevo y lamentable episodio en la desnaturalización y abuso parlamentario de una herramienta prevista para ser utilizada como ultima ratio frente a gravísimas y estrictas causales establecidas por la Carta Fundamental.

Afortunadamente, dentro de este debate político, un grupo transversal de parlamentarios ha entendido que se requiere una reforma constitucional que desincentive la utilización de esta herramienta. Modificar el quorum, acotar sus causales y exigir previamente una interpelación al ministro parece ser el camino correcto para corregir esta grave distorsión.