Chile enfrenta una oportunidad acotada, pero relevante: un escenario externo que, sin despejar todas las incertidumbres, parece menos adverso que hace algunas semanas. La economía mundial ha mostrado una resiliencia mayor que la esperada frente a shocks de gran magnitud, entre ellos el aumento de los aranceles decidido por Estados Unidos y el alza del precio del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente. Parte importante de esta resiliencia se explica por el extraordinario dinamismo de la inversión en centros de datos, infraestructura digital y equipamiento asociado al desarrollo de la inteligencia artificial. Ese impulso ha moderado la desaceleración global, mientras que la reciente distensión en Medio Oriente ha reducido uno de los riesgos más inmediatos para la economía mundial.

El reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para suspender temporalmente las hostilidades y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz mientras se negocia un acuerdo más amplio constituye una señal alentadora, aunque todavía parcial y reversible. Con todo, persisten importantes incertidumbres, ya que Israel no forma parte del acuerdo y la recuperación de la capacidad de producción y refinación de petróleo y GNL podría tomar varios meses. Aun así, el riesgo inmediato de una escalada del conflicto parece haberse reducido.

Para Chile, un entorno externo menos adverso significa mejores condiciones financieras externas, un alivio en los costos energéticos, una menor presión inflacionaria y más espacio para ordenar las prioridades internas. Pero, sobre todo, ofrece la posibilidad de volver a concentrar la discusión económica en el desafío que el país ha venido postergando durante más de una década: recuperar el crecimiento y la creación de empleo.

El principal problema económico de Chile es el bajo crecimiento tendencial. Este ha limitado la generación de empleo, las oportunidades de progreso de los hogares, el aumento de los salarios y la capacidad del Estado para financiar de manera sostenible las crecientes demandas en seguridad, salud, vivienda y educación.

Chile pasó de registrar un crecimiento tendencial cercano al 7% en la década de los noventa a uno estimado en torno al 2% en la actualidad. Detrás de ese deterioro está el debilitamiento del impulso de los motores que sostuvieron el desarrollo del país durante ese período: estabilidad macroeconómica, apertura al comercio internacional, profundización financiera y crecimiento del mercado de capitales. Estos factores favorecieron el crecimiento del stock de capital, del empleo y de la productividad. En las condiciones actuales, recuperar tasas superiores al 3% exige reformas que vuelvan a darles un empuje a estos factores.

El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social incorpora varias iniciativas que apuntan en esa dirección. Entre ellas destacan medidas orientadas a destrabar la inversión y elevar la productividad, como la simplificación regulatoria, la agilización de permisos y un mayor grado de certeza tributaria y jurídica para grandes proyectos de inversión. A ello se suman cambios tributarios como la reducción de la tasa del impuesto corporativo y la reintegración del sistema. En materia laboral, el proyecto contempla subsidios al empleo formal que, bien diseñados, deberían complementarse con políticas destinadas a aumentar la participación laboral, especialmente de mujeres y jóvenes. En el caso de las mujeres, avanzar en sala cuna universal, con costos acotados para el empleador, va en la dirección correcta. Junto con ello, se requiere mayor adaptabilidad laboral y una reingeniería de los programas de promoción del empleo juvenil.

Precisamente porque Chile necesita volver a crecer, la agenda pro-inversión debe construirse sobre una trayectoria fiscal sostenible. La fragilidad de la sostenibilidad fiscal y el riesgo de que las tasas de interés internacionales permanezcan elevadas obligan a evaluar cuidadosamente el costo fiscal de estas iniciativas y considerar medidas compensatorias. Junto con perfeccionar los subsidios al empleo para mejorar su efectividad y reducir su costo fiscal, conviene avanzar en la eliminación de programas públicos mal evaluados y de baja eficiencia. Por el lado de los ingresos, también deben considerarse medidas compensatorias creíbles, como avanzar hacia una brecha menor entre el impuesto al diésel y la gasolina —una propuesta con amplio respaldo técnico— y eliminar la renta presunta.

Chile enfrenta hoy una oportunidad poco frecuente: un acuerdo amplio sobre la necesidad de reimpulsar el crecimiento y un escenario internacional con riesgos, pero con grandes oportunidades dadas nuestras fortalezas y dotación de recursos naturales. La transición energética, la electromovilidad, la demanda por minerales críticos y la expansión de la infraestructura digital pueden jugar a favor del país si existe una estrategia clara para movilizar inversión. Este escenario puede abrir el espacio necesario para acordar una estrategia de crecimiento y empleo que trascienda el ciclo político. Si el país logra combinar una agenda de inversión y productividad con el reforzamiento de la sostenibilidad fiscal, volver a crecer entre 3% y 4% hacia fines de esta década dejaría de ser una aspiración para convertirse en una meta alcanzable. De lo contrario, corremos el riesgo de prolongar otra década de bajo crecimiento y oportunidades perdidas, y ese costo lo seguirán pagando, de manera desproporcionada, los mismos hogares que han sido afectados por el estancamiento que el país arrastra desde hace más de una década.