Tal como lo comprometió, el Gobierno ingresó esta semana indicaciones al proyecto de ley de salas cuna que viene discutiéndose en el Congreso desde la segunda administración de Piñera. A diferencia de lo propuesto en campaña, las indicaciones toman la posta de la tarea que hicieron los dos gobiernos anteriores. Esta es una muy buena noticia, toda vez que la administración de Boric ya había hecho suyo el trabajo de su predecesora, ofreciendo modificaciones que permitieron construir acuerdos razonablemente transversales. Otra cosa arriesgaba comenzar de nuevo una discusión que ya tiene cerca de 30 años.

Reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a toda empresa que contrate al menos a veinte trabajadoras a proveer servicios de sala cuna a sus hijos e hijas menores de dos años, es importante. La normativa encarece el empleo femenino, discrimina entre niños y niñas al ofrecer cuidado institucional según la situación laboral de sus madres, e insiste en la idea de que hijos e hijas son responsabilidad materna. A pesar de un amplio acuerdo en la necesidad de su reforma, ha sido muy difícil modificarlo.

En lo esencial, la propuesta del Ejecutivo consiste en derogar el artículo 203, ofreciendo acceso a servicios de salas cuna a hijos e hijas menores de dos años de madres y padres trabajadores, incluyendo a independientes y a quienes trabajan en casa particular. La ampliación de la cobertura se implementaría de manera gradual.

El financiamiento provendría de redireccionar cotizaciones que hoy hacen los empleadores al Seguro de Cesantía hacia un nuevo Fondo de Sala Cuna que contaría con un aporte fiscal inicial pequeño y una garantía estatal.

No hay grandes diferencias entre las indicaciones ingresadas esta semana y las propuestas que había logrado acordar la administración Boric hacia fines de su mandato. Las tres más relevantes son el financiamiento —la propuesta previa redireccionaba menos fondos desde el Seguro de Cesantía y contaba con un mayor aporte estatal—, la posibilidad de que salas cuna privadas con fines de lucro participen y de que haya un copago por parte de los trabajadores si el fondo no cubre el costo total del servicio. A ello se agrega que los prestadores públicos no recibirán recursos adicionales si participan del sistema.

A mi juicio, la nueva propuesta tiene algunos problemas perfectamente factibles de subsanar. Uno es asegurar que el menor aporte que recibirá el Seguro no ponga en riesgo las prestaciones que tiene comprometidas. Esto es particularmente relevante luego de que el 2023 se legisló una ampliación de beneficios en casos de catástrofe y que el 2025 se legisló el financiamiento de lagunas previsionales desde esta misma fuente.

La Superintendencia de Pensiones publicó esta semana estimaciones del impacto que tendría esta reforma en el patrimonio del Seguro siguiendo la línea de informes de sustentabilidad previos. El informe concluye que los fondos acumulados seguirán expandiéndose, incluso luego de hipotéticas circunstancias económicas adversas. Sin embargo, no basta con estimar la evolución de los montos acumulados en pesos actuales, como suele hacerlo la superintendencia. Debe demostrar que esos fondos son suficientes como para cubrir las prestaciones que comprometió la ley y mostrarlos en relación con aquello.

Lo mismo debe hacerse respecto del nuevo Fondo de Sala Cuna, que aparentemente puede tener el problema opuesto: estar sobredimensionado dada la alta tasa de uso que supone el Informe Financiero y la acumulación en el tiempo que ahí se estima.

Un segundo problema es que, de acuerdo a la propuesta, será el Ministerio de Hacienda el que fije el valor del pago que se hará a los oferentes. Pero si Hacienda fija valores muy bajos, puede que no haya servicio en algunos territorios o que el copago exigido sea tan alto que muchas familias no lo puedan costear. Esto es importante, pues tal como está, la propuesta arriesga excluir a algunas familias, seguramente las más vulnerables.

Por último, es relevante apoyar a la oferta pública de salas cuna —mucha de buena calidad— para que pueda extender sus horarios y ofrecer servicios continuos a lo largo de todo el año y así participe en esta labor. Para eso requiere más recursos.

La negativa desde un sector de la derecha a discutir las indicaciones propuestas por el gobierno de Boric generó mucha frustración a inicios de año. Ahora que ese mismo sector muestra su conformidad con esas ideas, no hay motivo para no llegar finalmente a un acuerdo. El Gobierno —que acertadamente optó por construir sobre lo que ya se había avanzado— debe preocuparse de lo que queda por resolver y la izquierda debe aprobar. Las diferencias que persisten no son insalvables.