Como si se tratase de gobiernos distintos, el Ejecutivo gestiona de manera diferente las dos grandes emergencias prioritarias que ha identificado y decidido enfrentar: la económica y la de seguridad. Mientras en la primera ha presentado un megaproyecto misceláneo con cambios significativos que deberían ayudar a recuperar el tranco perdido, en la segunda ha optado por introducir a cuentagotas legislación y medidas que parecen buscar más efecto que resultados potentes.

Puede decirse que habrá un antes y un después para La Moneda y la economía chilena si, como parece probable, resulta aprobada la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. No resulta posible, en cambio, afirmar lo mismo en torno a la seguridad: allí todavía no se conoce un plan claro que apunte hacia un norte definido. Hay iniciativas sueltas, como la que pretende castigar las incivilidades, la que busca aumentar el período de detención de los migrantes que van a ser expulsados, la construcción de la zanja en el norte o las redadas en distintas ciudades del país. Se trata, sin embargo, de movidas tácticas que tienen la virtud de mostrar ocupadas a las autoridades, pero que se hallan muy lejos de proveer las soluciones de fondo que la situación demanda.

Conviven en el Gobierno, tal como en el dios Jano, dos caras opuestas: la contundencia sustantiva en la reforma económica y el efectismo sin mucho contenido en la lucha contra la inseguridad.

¿Cómo se explica esta notoria diferencia en cuestiones tan importantes? Para encontrar la respuesta quizás sea necesario considerar el modelo de gestión que ha escogido el Presidente de la República. Queda la impresión de que el diseño con el que José Antonio Kast llegó a La Moneda buscaba proteger a la figura presidencial de los peligros del micromanagement y los desgastantes problemas cotidianos. Al mandatario se le ha visto recorriendo el país, interviniendo en los grandes temas y anuncios, y actuando como árbitro cuando se registran roces (como el generado entre los ministros de Vivienda y Hacienda) o problemas agudos (como el cambio de gabinete o los reemplazos en algunas subsecretarías).

Este modelo exige depositar mucha confianza en los ministros, quienes quedan con amplio espacio para tomar decisiones. Por supuesto, eso supone riesgos, pues puede haber algunos que acierten y otros que no. Esto último es lo que ocurrió con las ministras que debieron renunciar: no lograron ser eficientes y perdieron sus puestos.

Si el análisis expuesto es atinado, entonces la diferencia en el tratamiento que han exhibido la gestión económica y la lucha contra la delincuencia radica en primer lugar en el diseño que escogió Kast para gobernar y, luego, en las distintas capacidades y destrezas que han exhibido quienes han estado directamente a cargo de esas áreas.

La llegada de Martín Arrau ha vigorizado un Ministerio de Seguridad que desperdició 70 días debido a la equivocada elección inicial que hizo Kast. Queda por ver si ese nuevo ímpetu se traduce en una toma de decisiones tan contundente como la que exhibe hasta ahora Hacienda. Porque, cuando acabe el debate por la ley “miscelánea”, la atención girará sin distracciones a un Ministerio de Seguridad al que se le comienza a agotar el tiempo para desplegar un plan macizo.

Tal como les ocurre a todos los padres que hoy festejan su día, los presidentes aprenden siéndolo. Los agitados primeros cien días de José Antonio Kast en La Moneda tienen que haber sido para él, qué duda cabe, un curso intensivo acerca de cómo gobernar. Las lecciones recogidas podrían llevarlo a preguntarse si el diseño ha sido el más conveniente o si, por el contrario, resulta recomendable buscar la manera de involucrarse más decididamente en la toma de decisiones, aunque ello implique corregir el rumbo.