La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau es un nuevo y lamentable episodio en la desnaturalización y abuso parlamentario de una herramienta prevista para ser utilizada como ultima ratio frente a gravísimas y estrictas causales establecidas por la Carta Fundamental. Intentar este camino para castigar a un sector por el desempeño de alguna autoridad no solo rompe los equilibrios de nuestro sistema político, sino, como ha quedado demostrado, abona el terreno para futuras retaliaciones.

Hace décadas que el país vive una espiral de acusaciones infundadas —ninguna agrupación, sea de izquierda, centro o derecha, ha podido mantenerse completamente al margen de este actuar irresponsable—, que los distintos partidos no han tenido la fortaleza de detener, a pesar de ser una de las causas más evidentes de nuestra debilidad y entrampamiento institucional. Y es que los que hoy reclaman y rasgan vestiduras ante esta presentación hace muy poco impulsaban entusiastamente acusaciones contra el entonces Presidente Piñera y sus ministros —paradójicamente, el propio Grau registra encendidas declaraciones de apoyo en varios de estos casos—, las que contribuyeron a desestabilizar un gobierno en los momentos críticos en que enfrentaba la violencia del estallido y las consecuencias de la pandemia.

Lo dicho no significa que no existan buenas razones para criticar el pobre desempeño económico de la administración anterior —la mayor responsabilidad recae, naturalmente, en el exministro Mario Marcel, quien encabezó en gran parte del período la cartera de Hacienda y renunció solo unos meses antes del cambio de gobierno—, en que abundaron los errores de cálculo, las malas proyecciones y, en general, una gestión que descuidó el crecimiento y fue indolente frente a una serie de advertencias sobre el impacto que tendrían ciertas políticas o medidas en el empleo. La dura derrota electoral que sufrió la izquierda en diciembre se explica en parte importante por esta mala administración, ya que a la ciudadanía no le resultaron creíbles los eslóganes que se jactaban de haber supuestamente “estabilizado” el país o recuperado la senda del crecimiento.

Para hacer pagar estos costos políticos están las elecciones o, cuando procedan, las interpelaciones parlamentarias a los ministros, pero no las acusaciones constitucionales. La Carta Fundamental exige “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación”, “infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución”, o haber cometido alguno de una serie de delitos ahí indicados. Solo una interpretación extensiva, que cabe rechazar, podría pretender subsumir las conductas del exministro Grau en alguna de esas causales. Al respecto, examínese, por ejemplo, el caso de las inconsistencias en las proyecciones de deuda futura: a menos que se pruebe la existencia de dolo, cualquier intento de equiparar aquello con alguna de las conductas sancionadas resulta completamente forzado.

Dado que nada hace pensar que la conducta parlamentaria de hacer un mal uso de las acusaciones varíe en el futuro, más que llamados a la prudencia, se requiere una reforma constitucional que desincentive la utilización de esta herramienta. En el segundo y fallido proceso constituyente de 2023, la propuesta de la Comisión de Expertos para el caso de la acusación a los ministros —acogida por el Consejo Constitucional— regulaba las causales y subía los quorum: en la Cámara se exigía para su aprobación la mayoría de los diputados en ejercicio (en lugar de solo los presentes) y en la Cámara Alta, los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio (en lugar de la mayoría). Este era un avance sobre el cual existía acuerdo transversal y que perfectamente puede servir de base para una próxima reforma.