Señor Director:

No estamos hablando de un error administrativo. No se perdió un formulario. Al Estado se le perdieron cientos de niños migrantes.

Niños que ingresaron a Chile y respecto de los cuales el Estado dejó de saber dónde están, con quién están o qué fue de ellos.

Lo difícil de comprender no es solo la falla. Es la indolencia. ¿Cómo nadie se preguntó si era normal que una persona ingresara al país acompañada por numerosos menores de edad? ¿Cómo nadie se tomó el tiempo de verificar que los domicilios declarados existían o que los antecedentes hacían sentido?

¿Cómo una situación con evidentes señales de riesgo de trata de personas pudo transitar por el aparato público sin provocar una reacción inmediata de funcionarios, autoridades y políticos?

Perderles el rastro a niños migrantes no es una “irregularidad”. Es una tragedia. Es abrir la puerta a la explotación sexual, al trabajo forzado, al abuso o a redes de trata de personas.

No solo estremece la falla institucional. Estremece la aparente ausencia de reacción moral frente a ella. Chile se ha convertido en un país obsesionado con los procedimientos. Formularios completos, protocolos cumplidos, indicadores reportados. Mientras tanto, cientos de niños desaparecieron de los registros del Estado, pero los indicadores de los servicios siguen mostrando éxito.

Un país puede sobrevivir a la burocracia. Lo que no debería tolerar es la indiferencia de sus funcionarios ni la renuncia al criterio. Menos aún cuando lo que está en juego es el destino de sus niños.