Ha anunciado el Primer Ministro británico, Keir Starmer, un conjunto de medidas regulatorias para el ecosistema digital, las que espera tener aprobadas a fines de 2026 y aplicar durante 2027. Busca con ellas limitar drásticamente el uso de redes sociales por menores de 16 años. El plan, descrito por el propio gobierno como un modelo “Australia plus” —en directa alusión a la legislación pionera promulgada por ese país a fines de 2024—, abarcará a plataformas de alcance masivo como TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat y X, pero pretende ir aún más allá, bloqueando la interacción con desconocidos en plataformas de videojuegos en línea y estudiando la implementación de “toques de queda” digitales para los menores de 18 años.

La motivación detrás de esta estricta política es compartida de manera transversal por sociedades y gobiernos. Existe una creciente y sólida base de evidencia que vincula el uso intensivo de estas plataformas con el deterioro de la salud mental en la adolescencia y el aumento en las tasas de ansiedad y depresión, sumándose a ello casos extremos de trágico desenlace derivados del ciberacoso y la exposición a contenidos nocivos. En el Reino Unido, una consulta pública arrojó que más del 90% de los padres apoyan la medida, reflejo de la impotencia de las familias ante diseños tecnológicos que resultan deliberadamente adictivos y cuyo acceso les resulta imposible limitar por sí mismas.

Sin embargo, el entusiasmo inicial que pueden despertar este tipo de prohibiciones choca rápidamente con la complejidad práctica de su implementación y otras legítimas aprensiones. Por una parte, la experiencia preliminar en el caso australiano sugiere que la eficacia de las vedas etarias es, en el mejor de los casos, parcial. Los niños y jóvenes, muchos de los cuales poseen mayores competencias digitales que sus padres o incluso que las autoridades fiscalizadoras, suelen encontrar atajos tecnológicos para sortear los controles de edad.

Por otra parte, para que las empresas puedan garantizar fehacientemente que un usuario es mayor de 16 años, deberán incurrir en prácticas de recolección de datos personales que pueden estimarse invasivas, como la exigencia de documentos de identidad o el uso de biometría facial a todos sus usuarios. Así, en el afán loable de proteger la integridad de los menores, toda la población adulta puede quedar sometida a un escrutinio que merme las garantías de privacidad propias de una sociedad libre.

Existe, en este sentido, un legítimo debate, que involucra temas como los límites a la intervención del Estado y también la duda de si este tipo de prohibiciones absolutas no puede terminar dificultando el desarrollo de habilidades necesarias para desenvolverse responsablemente en el entorno digital. Al mismo tiempo, sin embargo, los países no pueden quedar indiferentes ante la abundante evidencia del daño real que la exposición continua a redes está hoy generando sobre una parte significativa de su población.

Para Chile, una de las naciones con mayores tasas de conectividad y de penetración de redes sociales en la región, esta discusión resulta insoslayable. Es ya claro que la autorregulación de la industria tecnológica —sea por falencias o por falta de un real compromiso— ha fracasado en resguardar a los más vulnerables y que, frente a la impotencia de las familias, los Estados tienen un papel que asumir. No obstante, importar ejemplos vistosos sin sopesar debidamente su factibilidad técnica y efectos colaterales podría redundar en legislaciones poco efectivas que generen un falso sentido de seguridad.