Señor Director:

Valoramos que en su última carta Jorge Correa Sutil reconozca que la polémica va llegando a ciertos acuerdos. Sin perjuicio de seguir disintiendo en otros puntos, estamos contentos de constatar que nuestro distinguido contradictor valora y admite algo central: ya no estamos ante “meros errores de gestión”, sino ante infracciones normativas imputadas en la acusación constitucional al exministro Grau. Sin embargo, para él no todas esas infracciones suponen deberes.

Reiteremos ahora que basta con constatar infracciones a la Constitución y la ley para que se configure la causal de acusación, de acuerdo con su texto expreso y que, tratándose de los ministros de Estado, no se exige el examen subjetivo de motivación por las mismas infracciones. Agreguemos que la “supuesta ausencia de deberes” en las normas infringidas no obsta para constatar que la delicada situación fiscal por la que atraviesa el país es consecuencia: del ocultamiento de información, de la inconsistencia de ella y de omisiones graves y reiteradas en este mismo sentido. De ello deberá responder el exministro en esta acusación.

Finalmente, compartimos con Correa Sutil que formular acusaciones constitucionales sin base jurídica, como se ha hecho en el pasado, es irresponsable. Sin embargo, como advierte el filósofo angélico: se yerra por exceso y también por defecto, razón por la cual estimamos que sí existen infracciones normativas, como las expuestas en el libelo acusador, que han causado grave daño a la situación fiscal del país y al prestigio del Ministerio de Hacienda; no solo se puede, sino más bien es un deber ineludible —para quienes juraron o prometieron respetar la Constitución— formular la acusación, conocerla, dar lugar o no a ella y proceder a juzgarla ante el Senado.