Los problemas de la salud pública son de diversa índole: de medicina, es decir, de contar con los adelantos científico-tecnológicos y las técnicas modernas para sanar pacientes, lo que requiere de los recursos necesarios y los conocimientos avanzados que esas técnicas suponen; de infraestructura hospitalaria, en lo que se ha incursionado con fuerza, aunque la construcción por sí sola no resuelve el problema; y de organización administrativa y financiera de la industria, incluyendo la relación entre el sistema público y el privado, y el tamaño relativo de cada uno. Acometer esa temática es un proyecto de gran envergadura política —lleva 30 años sin resolverse— y las prioridades están en otra parte en estos momentos.

Pero hay un aspecto que también es importante, y en el que la salud pública está claramente al debe, con impacto en las personas en un plazo relativamente corto, y que puede ir modificando la cultura en la que se desenvuelve el sistema. Se trata de su gestión, es decir, la manera en que se utilizan los recursos disponibles, tanto los financieros como los humanos, además de los equipos e infraestructura de que se dispone. Hacer más con los mismos recursos —ese es el problema que aborda la buena gestión— no es solo una cuestión “economicista” o de “productividad”, términos que en el sector salud tienden a mirarse con cierto desdén, sino que finalmente se trata de un problema de carácter ético.

La ministra Chomali se refirió a estas materias en reciente entrevista con este diario. En ella puso énfasis en la importancia que tiene mejorar la gestión de la salud pública, tanto para elevar la satisfacción de los pacientes que utilizan el sistema, porque reciben una atención oportuna y de mayor calidad, como para que los funcionarios preserven el orgullo por la labor que desempeñan, pues la presión de pacientes que no son atendidos a tiempo, o de hospitales insuficientemente provistos de los suministros necesarios, lo deterioran.

La ministra indicó que hay problemas administrativos, logísticos y de organización que impactan negativamente en la atención de los pacientes. Relató que hay pabellones que se pierden porque los pacientes no llegan o llegan mal preparados; hay procesos de compras que se hacen siguiendo rutinas conocidas que no necesariamente se ajustan a las demandas reales, y también hay derivación centralizada de pacientes a segundos prestadores sin que el hospital de origen tenga control del proceso, lo que implica un trato inadecuado de aquellos. Asimismo, se ha ido generando una brecha entre el presupuesto asignado y el gasto real, que el año pasado fue de 2 billones de pesos, lo que se traduce en atraso de los pagos a proveedores, con el consiguiente aumento de costos que terminan incorporando ese factor. Chomali se planteó la meta de eliminar esa brecha hacia 2029. Otro problema, dijo, es el de las licencias médicas de funcionarios, y mencionó, como ejemplo, el caso de cinco mil de ellos que tienen licencias de más de 180 días.

En una línea similar se encuentra Fonasa. Su director, César Oyarzo, con experiencia en estas materias en administraciones anteriores, está preocupado de fiscalizar el gasto. Así, indicó a este diario que, del millón cuatrocientas mil personas que se atendían por libre elección y no cotizaban, ya han recuperado a 118 mil, y espera que a abril de 2027 sean 300 mil. El pago por licencias médicas cayó 23,7%, y apuestan a recuperar unos 60 mil millones de pesos por organizaciones que venden operativos de salud a las municipalidades a costo cero con bonificación Fonasa, entre varias otras iniciativas.

El esfuerzo que se despliegue para mejorar la gestión de los recursos en la salud pública redundará directamente en la mejor atención que reciba la población, lo que explica por qué la ministra ha puesto su foco en ello.