Señor Director:

La pregunta planteada por Sebastián Edwards (columna del lunes) es incómoda pero correcta: antes de transformar los errores fiscales recientes en una acusación política, corresponde medirlos profesionalmente. Su propuesta consiste en comparar, año por año, los ingresos estimados en la Ley de Presupuestos con los ingresos efectivamente recaudados, calcular el error porcentual y compararlo con el promedio de esos errores. En simple, mirar si el error reciente está dentro del rango histórico normal o si es estadísticamente anómalo.

Al aplicar ese criterio a la estimación de ingresos tributarios no mineros, excluyendo a los provenientes de los ciclos propios de la actividad minera, la evidencia es categórica. El ranking de sobreestimación de ingresos en años normales lo lidera 2025, con un error de 8,4%; le sigue 2023, con 6,3%; y luego 2024, con 6,0%. No son casos aislados: son los tres mayores errores de sobreestimación de la serie en años sin crisis. A modo de comparación, dejando fuera años de crisis, entre 2011 y 2018, la mayor sobreestimación fue de un 3,2% en 2014.

Es cierto que el FMI advirtió que la pandemia rompió las relaciones históricas entre actividad y recaudación. Pero esa defensa tiene un límite. Sirve para entender la sorpresa de 2023; no para justificar la repetición del error en 2024 y 2025.

Por eso, la pregunta de Edwards es pertinente. La volatilidad pospandemia fue un fenómeno internacional, pero en Chile el problema no fue solo errar: fue persistir en el error pese a las advertencias. Y no es inocuo, porque una sobreestimación de ingresos permite, bajo la regla fiscal, justificar un mayor nivel de gasto. No sabemos si esa fue la intención.

Lo que sí sabemos es que las desviaciones de ingresos tributarios no mineros entre 2023 y 2025 fueron las mayores en años sin crisis, y que responden principalmente a factores idiosincráticos, es decir, no explicados por cambios en las principales variables económicas, como demanda interna, inflación y tipo de cambio. Esa responsabilidad recae en el Ministerio de Hacienda y Dipres, que construyeron, validaron y defendieron proyecciones de ingresos tributarios no mineros sistemáticamente erradas, a pesar de todas las advertencias.