Señor Director:

Se discute actualmente en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a fin de permitir la votación separada de los capítulos de una acusación constitucional. La iniciativa apunta, en definitiva, a perfeccionar los estándares de debido proceso aplicables a dicho procedimiento.

Sin embargo, si de garantías procesales se trata, aún no se ha examinado si corresponde que los diputados que suscriben una acusación que, finalmente resulte rechazada, asuman las costas de quien ha debido financiar su defensa con recursos propios. Una regla de esa naturaleza no solo desincentivaría eventuales acusaciones superfluas o infundadas, sino que representaría un avance decidido hacia la incorporación de criterios de debido proceso en esta institución, sin privar de tan necesaria herramienta a la Cámara.

Con todo, para evitar suspicacias, una medida de este tipo podría implementarse a partir de la legislatura siguiente, de modo que ninguno de los actuales actores políticos —oposición y oficialismo— pudieran actuar de forma coyuntural o estratégica frente a una regla necesaria tanto desde una perspectiva procesal como institucional.