Los hechos de violencia que han afectado a los establecimientos educacionales —como el ataque en Calama que costó la vida a una profesora— han obligado a la autoridad y a las comunidades educativas a tomar medidas drásticas tanto para prevenir incidentes que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes, de los profesores y administrativos, como para evitar las interrupciones del proceso académico. La herramienta legal para resguardar la convivencia escolar es la Ley Aula Segura, la que por mucho tiempo no fue aplicada en su correcta interpretación debido —en parte— a una visión ideológica que entiende toda medida disciplinaria como una restricción a la libertad de manifestación de los estudiantes o como una “criminalización” de la protesta. A esa normativa se agregará la recién aprobada Ley Escuelas Protegidas, actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional.

El ejemplo más emblemático de las negativas consecuencias de la violencia estudiantil es lo ocurrido con aquellos liceos públicos que solían ser símbolo de excelencia y que hoy han perdido su prestigio como instituciones de alta exigencia y motores de movilidad social. Sin embargo, los esfuerzos desplegados por recuperar esa calidad formativa parecen de gran complejidad. Así lo evidencia el reciente episodio que obligó al Instituto Nacional a evitar las clases presenciales tras recibir amenazas de tiroteos en las que se advertía que “va a correr sangre”. La directora del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) declaró que la suspensión de la actividad presencial es necesaria debido a las características y gravedad de las amenazas.

Investigaciones policiales indicarían que —a diferencia de lo que ha ocurrido en otros establecimientos— se trataría de la reacción de un grupo de estudiantes recientemente expulsados del liceo luego que se les aplicara la Ley Aula Segura por estar involucrados en hechos de violencia al interior del instituto. Los mensajes intimidatorios —entre los que se habrían incluido pruebas de efectivamente disponer sus autores de material balístico— estarían dirigidos directamente, con nombre y cargo, contra quienes tomaron la medida disciplinaria de la expulsión y serían una forma de represalia. La gravedad de la situación es inocultable, pues da cuenta de un nuevo paso en la radicalización del fenómeno, que perseguiría ahora amedrentar precisamente a los responsables de resguardar la convivencia interna. Por lo mismo, cabe demandar el pronto esclarecimiento de este hecho al Ministerio Público, que el año pasado declaró un “foco investigativo” centrado precisamente en la violencia escolar.

Recuperar la sana convivencia y el prestigio perdido de los liceos —antes emblemáticos— implica una ardua tarea de largo plazo, que debe comenzar por la adopción de medidas disciplinarias que logren aislar a quienes insisten en la violencia como herramienta de manifestación. El discurso ambiguo, la indecisión de algunas autoridades y la indiferencia o incluso la aceptación de parte de las comunidades educativas provocaron un daño de difícil superación, pero de urgente reparación. Revertir este proceso de deterioro debiera ser una prioridad para la autoridad y para las familias que han confiado la formación de sus hijos a estas instituciones educativas.