El gobierno del Presidente Kast se instaló en La Moneda con una promesa central: recuperar el crecimiento. Más inversión, más recaudación, menos trabas. Esa es la vara con la que pidió ser medido. Y es precisamente esa vara la que obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿cuánto le cuesta a Chile la sobreideologización en su relación con China?

Los números no admiten matices. China concentró en 2025 el 32,7% del intercambio comercial chileno, lo que equivale a US$ 65.332 millones, casi el doble que Estados Unidos. Cerca del 40% de nuestras exportaciones van a ese mercado: cobre, litio, cerezas, celulosa, salmón y carne de cerdo. Es nuestro principal socio comercial desde 2007 y cabe recordar que fuimos el primer país en firmar un TLC bilateral con China en 2005. Por tanto, no estamos en presencia de una relación coyuntural, sino de la columna vertebral del modelo exportador chileno.

Frente a esa realidad, la señal del nuevo gobierno es otra. La primera gira del entonces Presidente electo fue a EE.UU., a la reunión “Escudo para América” convocada por Trump, en pleno conflicto por el cable submarino Chile-China Express. Además, desde que asumieron las nuevas autoridades, las empresas de capitales chinos en Chile han descrito un patrón consistente: procesos que se dilatan, puertas que no se abren y reuniones que no se conceden.

En justicia, este deterioro no comenzó con el actual gobierno. Los conflictos por la Línea 7 del Metro, la Ruta 5 Talca-Chillán, el 5G y el observatorio en Antofagasta tienen causas distintas, pero en conjunto configuran un clima. La pregunta es qué hace un gobierno serio frente a él: ¿lo administra con institucionalidad o lo profundiza?

La coalición gobernante ha optado evidentemente por lo segundo. En su matriz ideológica, la relación con China no es un activo económico que gestionar, sino un riesgo geopolítico a contener. Esa lectura es legítima en el debate de ideas, pero carísima en la práctica de gobierno. Cuando una empresa no logra siquiera ser recibida para discutir la continuidad de una obra pública, el mensaje que viaja al país de origen no es de prudencia: es de hostilidad. Y la hostilidad tiene precio: arbitrajes, obras paralizadas, proyectos que migran a otros países y menos empleo para Chile y sus regiones.

Nada de esto significa que Chile deba renunciar a cautelar su infraestructura crítica. El país necesita un mecanismo institucional de evaluación de inversiones en sectores sensibles como telecomunicaciones, energía, puertos y datos, con reglas aplicables a todos por igual, vengan de Beijing, de Washington o de Madrid. La diferencia entre un encuadramiento institucional responsable y un veto ideológico es, exactamente, la diferencia entre soberanía y subordinación.

Aquí está la contradicción de fondo. Un gobierno cuya tesis es que Chile crece con certeza jurídica y un Estado que no discrimina, no puede al mismo tiempo introducir el factor más corrosivo para la inversión: la arbitrariedad política. La incertidumbre ideológica no discrimina por pasaporte, y por lo tanto debilita nuestra economía y nuestro principal capital: la seriedad ante el mundo.

El Gobierno tiene todavía tiempo para corregir: recibir a los inversionistas, designar interlocutores, separar lo contractual de lo geopolítico. Si no lo hace, quedará una paradoja difícil de explicar: un gobierno que llegó a destrabar la inversión terminará dañando gravemente su relación con el principal socio comercial del país. Ese es, en una frase, el costo de la sobreideología. Y lo terminaremos pagando todos.